Oportunidades y recomendaciones
A pesar de los inconvenientes, las múltiples necesidades y la situación sistemática de violación de derechos humanos en la región, seguimos motivados a continuar con nuestra labor de exigirle al Estado venezolano el cumplimiento de sus obligaciones. En este sentido, de forma general, consideramos que el incremento de nuestras medidas de seguridad (autocuidado y autoprotección), el resguardo de nuestra base de datos e información, la implementación de formas seguras de movilización y la ampliación de nuestras fuentes de financiamientos continuos y comprometidos que permitan garantizar nuestra sostenibilidad son algunas de las medidas que deben tomarse a corto plazo para afianzar nuestro trabajo como defensoras y defensores de derechos humanos.
En términos comunitarios, es necesario crear espacios de confianza y acercamiento con las comunidades, especialmente con líderes y lideresas wayúu. Tradicionalmente, los líderes wayúu son una figura de ejemplo e influencia en sus comunidades; se trata de personas que conservan el patrimonio cultural wayúu a través de la tradición oral, el respeto a su cosmología y las enseñanzas de sus prácticas de diálogo y construcción de paz como lo dicta su sistema de justicia propio. Así, establecer nexos respetuosos con ellos nos permitirá ampliar el ámbito de intervención para una defensa más efectiva.
En caso de lograrse lo anterior, se potenciarían dos aspectos: en primer lugar, se aumentaría la presión que puede hacerse ante las instancias gubernamentales para priorizar la atención de temas relacionados con la seguridad e integridad de las personas, y la asignación de recursos suficientes para mitigar la emergencia humanitaria compleja entre estas comunidades indígenas; y, en segundo lugar, se facilitaría la labor humanitaria, pues tendríamos el respaldo de los representantes de estas etnias, lo que se traduce en una mayor protección y seguridad para nosotros.
Esta integración de los defensores de derechos humanos con las comunidades indígenas haría viable no solo mostrar y documentar las vulneraciones de los derechos humanos de los integrantes de estos pueblos, sino ejercer una labor de acompañamiento para que las víctimas de estas vulneraciones sean escuchadas en varios ámbitos (regional, nacional e internacional) y para que sus necesidades sean identificadas y atendidas de forma prioritaria.
Con relación a los espacios nacional y regional, le recomendamos al Gobierno, en todos sus niveles, la aplicación de programas de capacitación y formación para sus componentes policiales y militares (incluso con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil) en el respeto de los valores humanitarios y la integridad personal y laboral de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como en la valoración, el respeto y el resguardo de la idiosincrasia y cultura indígenas. Esta formación debe afianzarse bajo la perspectiva de los derechos humanos y el enfoque de género.
En términos generales, con relación a afectaciones a los defensores de derechos humanos en Venezuela, se recomienda eliminar toda forma de persecución y hostigamiento contra ellos; abstenerse de cultivar un discurso ofensivo, estigmatizante y criminal; eliminar cualquier forma de obstáculo o restricción para su operación en el terreno (especialmente, en cuanto a temas relacionados con el acceso a financiamientos y registro y actualización de su condición jurídica); investigar, procesar y sancionar a personas y funcionarios militares, policiales o cualquier otro funcionario, responsables de violaciones a los derechos humanos de las defensoras y defensores; y reconocer, con respeto, la labor desempeñada por ellos.
En cuanto a espacios internacionales, dado que hablamos de zonas fronterizas, es importante crear redes de alianzas entre organizaciones venezolanas apostadas en esta zona y organizaciones colombianas; incluso, resulta determinante la participación de organizaciones internacionales de otras latitudes (interesadas en temas indígenas, de migración y fronteras), en especial cuando haya oportunidades de entendimiento y consenso sobre medidas comunes que requieran ser diseñadas e implementadas.
Es importante el financiamiento a través de proyectos a mediano y largo plazo que promuevan el empoderamiento en la exigencia de derechos humanos de las comunidades indígenas y también en asistencia legal y sistematización de la documentación de violaciones a los derechos humanos con enfoques de incidencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal de Derechos Humanos, de modo que se puedan promover mayores voluntades políticas que incidan en políticas públicas de atención binacionales.
Se sugiere la creación de un Observatorio de Derechos Humanos para la Guajira, debido a la relevancia del territorio wayúu en el análisis de la situación geopolítica, económica y social de Venezuela y Colombia.
Por otro lado, desde estas alianzas internacionales, es necesario profundizar en la inclusión del enfoque de género en los diseños de la protección. Previo a ello, se requiere un estudio para puntualizar los riesgos a los que estamos sometidas las defensoras en contextos indígenas y fronterizos con fuerte presencia militar y de grupos armados. Estos diseños de protección deben abarcar a los defensores de derechos humanos nativos, en quienes se articula su condición de defensores e indígenas; tales medidas deben adaptarse a las tradiciones y costumbres del pueblo o comunidad indígena al que se pertenezca (en nuestro caso, al pueblo wayúu). En otras palabras, toda medida de protección que se diseñe y pretenda implementarse en este contexto indígena y fronterizo debe tener un enfoque diferenciado e intersectorial.
A su vez, es importante que desde los países que conforman la Unión Europea se hagan esfuerzos políticos que le insistan al Gobierno venezolano y a las agencias humanitarias instaladas en terreno sobre la necesidad de hacer diágnosticos reales y actualizados acerca de la situación de la Guajira en materia de desnutrición y seguridad alimentaria, tasa de escolaridad, tasa de empleo, cobertura de servicios domiciliarios, cobertura de internet y otros datos esenciales. Esto permitirá implementar políticas acordes a sus necesidades, so pena de que se desborde la emergencia humanitaria que atraviesa este pueblo.
Por último, en cuanto a espacios organizacionales, hay que decir que en Codhez siempre hemos propiciado la protección del espacio cívico, la divulgación y los reclamos ante casos de vulneraciones contra organizaciones de la sociedad civil o contra sus defensoras y defensores, pero las limitaciones materiales y humanas son un reto. A veces, la insuficiencia presupuestaria impide el buen desarollo de las actividades; otras razones para tal impedimento se relacionan con situaciones de inseguridad personal o riesgos a nuestra integridad física, moral o psíquica. De igual forma, el estrés de las defensoras y defensores –por acoso, miedo, hostigamientos, amenazas o cansacio– puede ser un detonante para el retraso o la eventual paralización de las actividades planificadas. Por lo tanto, como última recomendación, consideramos importante promover espacios de acompañamiento psicosocial al equipo de Codhez y a los defensores de derechos humanos en la Guajira venezolana, tanto de manera individual como colectiva.
A pesar de las difitultades descritas, seguimos esforzándonos y nos corresponde registrar y documentar cualquier tipo de hecho o incidente que implique una violación de los derechos humanos de los defensores. Para ello, estimulamos las alianzas con otras organizaciones defensoras de los pueblos indígenas en esta parte del país, tales como el Comité de Derechos Humanos de la Guajira y los amigos de Radio Fe y Alegría, con quienes tratamos de avanzar hacia la visibilización de la difícil situación de los pueblos y las comunidades indígenas del estado de Zulia, con especial énfasis en la complicada realidad del pueblo wayúu. Para esto requerimos refuerzos y acciones coordinadas con organismos y agencias nacionales e internacionales, en forma de apoyo logístico y financiero para garantizar nuestro resguardo y seguridad en el marco de las labores de defensa.
Referencias
Codhez. «La Guajira no vive una crisis, sino una emergencia». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia). «Municipio Guajira». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Danieri, L. «Les cambiaron el modus operandi…». Twitter, 7 de agosto de 2021, Ver más.
El Nacional. «Reportaron actos de violencia en Zulia por las primarias del PSUV». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
El Pitazo. «Internas del Psuv cierran con golpes en la Guajira». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). «Inso-Encovi 2021». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
International Crisis Group. «Bajo un sol inclemente: venezolanos en vilo en la frontera colombiana». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Radio Fe y Alegría Noticias. «El agua sigue sin llegar a pueblos de Guajira». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
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LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
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