Esta estrategia ha sido efectiva para resguardar la seguridad de los activistas indígenas de la Guajira venezolana: cuando se denuncian casos por abusos policiales o militares y se revela el nombre del periodista o activista indígena involucrado, «toca correr a Colombia», como lo expresan los activistas indígenas en terreno. Por temor a represalias, es mejor cruzar la frontera hacia el país vecino hasta que la tensión desaparezca y sea seguro volver a la Guajira del lado venezolano.
Adicionalmente, en la Guajira no funcionan las líneas telefónicas con la misma efectividad que en el área metropolitana de Maracaibo. La señal es intermitente y si hay fallas eléctricas la comunicación es imposible, porque la desconexión es total. Así, la mejor forma de sortear estas dificultades es teniendo un vínculo con los líderes de las comunidades indígenas e ingresar con ellos al territorio. Los choferes que nos trasladan suelen ser personas involucradas en el activismo de derechos humanos y tienen nexos con concejales y miembros del gobierno municipal de la Guajira con interés en el abordaje de las comunidades y la promoción de los derechos humanos. Estos vínculos los hemos construido gracias al trabajo de años en la Guajira y al reconocimiento de la reputación de la organización entre los líderes sociales y los activistas políticos.
Para hacer el trabajo de registro y toma de videos y fotografías, llevamos los materiales del equipo de producción, pero no nos identificamos como equipo de prensa o como una organización de derechos humanos. El motivo declarado de la visita puede ser «visita a familiares» o «a escuelas» para entregar donativos de material escolar. Una vez, una comunidad nos pidió un aporte de cuadernos y útiles escolares para la donación de una escuela y tuvimos que llevarlo para facilitar el acceso a estas comunidades. Los militares que registraron el contenido del vehículo nos cuestionaron: «¿Para qué los cuadernos?», a lo que el chofer y guía de la visita contestó con sorna: «Para leer y escribir».
Nuestras medidas de prevención han mostrado ser efectivas. No hemos sido amenazados en el territorio ni perseguidos por los agentes de seguridad del Estado venezolano. En enero y marzo de 2022, nuestra organización recorrió la Guajira venezolana y pudimos contactarnos con catorce de sus comunidades, en específico en el eje foráneo de la parroquia Sinamaica. Gracias al vínculo con líderes comunitarios, pudimos conversar con familias wayúu y conocer sobre su realidad. Estas comunidades fueron Los Puertecitos (300 familias), Mamoncito (20 familias), Karaipia (30 familias), Los Cardoncitos (200 familias), La Rita (160 familias), El Botoncillo (140 familias), Alewajirrawa (100 familias), Caimare Chico (280 familias), Bloque 6 (60 familias), Los Campiones (50 familias), Los Hermanitos (50 familias), Arizona (40 familias), Campo Alegre (150 familias) y Campo Alegre II (80 familias).
Vimos mucha pobreza. No solo por la carencia de medios de subsistencia –el pueblo wayúu se vio seriamente afectado en sus actividades comerciales con el cierre de la frontera–, sino también en el acceso a servicios públicos domiciliarios y en la falta de oportunidades para los niños y jóvenes wayúu. Estas comunidades no tienen acceso a agua potable, electricidad y mucho menos escuelas funcionales que permitan impartir clases en condiciones dignas.
Pasados casi diez meses desde la visita de Codhez al eje foráneo de la Guajira, la situación allí se ha agudizado: los índices de pobreza, desatención y protección estatal continúan, y el padecimiento por las múltiples carencias y precariedades se vive a diario. Además, los peligros y riesgos para defender los derechos en esta zona se han incrementado, debido al aumento de la presencia militar y la proliferación y el crecimiento de grupos armados.
También visitamos el sector Virgen del Carmen, en Paraguaipoa, particularmente una infraestructura de una base de misiones que quedó abandonada por la Alcaldía de la Guajira y que fue rescatada por la comunidad hace cuatro años para la atención de niños en edad escolar. Pudimos conversar con las madres wayúu que viven a diario las dificultades para garantizarles a sus hijos educación de calidad y alimentación.
Entre Codhez y otras organizaciones de derechos humanos venezolanas hemos adelantado varias campañas, como #8AccionesPorLasMujeres, promovida en marzo de 2022. Esta campaña evidenció la falta de políticas públicas en alimentación, salud y educación que afectan de manera diferencial a las mujeres wayúu y cómo los casos de abuso sexual a niñas y mujeres wayúu se mantienen en la impunidad. Lo anterior ocurre porque no hay un sistema de denuncia judicial efectivo y con enfoque interseccional que atienda a las mujeres víctimas, dada la lengua que hablan, las características del territorio (se deben recorrer largas distancias para ir hasta las oficinas policiales a denunciar), y la vulnerabilidad y situación de pobreza en que conviven, entre otros aspectos.
La unión de las organizaciones de la sociedad civil que defendemos los derechos humanos en la frontera es esencial para promover la conservación de los derechos de las mujeres wayúu.
DESCARGAR ESTE CAPÍTULO
LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
En colaboración con:
Frontera Común © Todos los derechos reservados | crd.org
Las opiniones, los comentarios y las posiciones políticas que contiene esta publicación constituyen las posturas de las y los autores y no comprometen ni representan el pensamiento de Civil Rights Defenders ni de la Embajada de Suecia en Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial y la distribución, sin la autorización previa y por escrito de las y los titulares.