Vivir en medio de la crisis de servicios básicos
Esta realidad de hostigamiento y violación de derechos se agudiza con la falta de acceso a los servicios básicos. En 2021, en la Guajira, más del 72,3 % de los hogares presentaba serios problemas de déficit de servicios público9: de energía eléctrica, agua potable, gas doméstico, aseo urbano y transporte público, entre otros. Algunos sectores han padecido hasta más de dos años sin electricidad, como Caño Pajaima y Cardoncito. Las familias deben recurrir a pozos artesanales o utilizar el agua de los jagüeyes (no tratada ni potable), para lo que deben hacer extensos recorridos a pie. Se cocina en fogones con leña. Los motorizados son la principal forma de transporte, dado que la mayoría de las calles no están asfaltadas y los caminos son de arena y maleza (situación que empeora en temporada de lluvias por inundaciones y desbordamientos de aguas).
La salud y educación son derechos inexistentes. En el informe de Codhez sobre la situación general de los derechos humanos en Zulia (Guajira e Isla de Toas), de marzo de 202210, reportamos que en el Hospital Binacional Dr. José Leonardo Fernández, de Paraguaipoa, centro de salud para la población wayúu en Venezuela, se presenta hasta un 90 % de escasez de insumos médicos y medicinas. El laboratorio no funciona por falta de reactivos. La unidad de imágenes está inoperativa. No hay ambulancias para traslados de emergencia, pues las dos unidades que había fueron sustraídas por funcionarios de la Alcaldía después del cambio de gestión en la Gobernación de Zulia. En este mismo informe, el personal administrativo del centro de salud denuncia que buena parte de los insumos que llegaban a este centro hospitalario estaban escondidos y un 30 % vencidos. El hospital padece fuertes cortes de electricidad y el agua potable no llega por tubería, sino mediante un pozo artesanal.
Las niñas, niños y jóvenes no cuentan con espacios óptimos de estudio. Las escuelas no tienen pupitres, mesas, sillas ni baños. Durante la primera época de la pandemia, los centros educativos fueron desvalijados y se llevaron desde los sanitarios hasta los techos. Ahora los pocos niños que asisten deben escuchar sus clases sentados en el suelo, a la intemperie. La calidad educativa ha bajado considerablemente y se ha afectadado por la deserción estudiantil y docente: muchos maestros migraron del país o se vieron obligados a dedicarse a otras actividades, dados los bajos salarios recibidos. Las escuelas no cuentan con programas de alimentación (las agencias humanitarias de Naciones Unidas no han llegado a estos espacios marginados), de modo que las niñas y niños no tienen alimentos en sus hogares y tampoco los encuentran en sus escuelas. El hambre, la desnutrición y la pobreza son las compañeras diarias de la infancia wayúu.
Las fallas en las comunicaciones y la obsolescencia en la tecnología complican la labor humanitaria y de defensa de derechos humanos, así como el acceso a la educación. Se estima que para 2021, en la Guajira solo 0,8 % de los hogares tenían acceso a internet y 2,2 % tenían computadores11. Por estos motivos, es normal que la población pase varios días sin conexión, sin saber qué ocurre a su alrededor, y sin poder hacer públicas y visibles las carencias y violaciones a las que está sometida.
Por otro lado, la movilización hacia y desde esta zona fronteriza es todo un reto. Uno de nuestros principales problemas es el acceso a estas comunidades por falta de transporte e inseguridad. En el trayecto hay alcabalas: unas montadas por efectivos militares, para intimidar, y otras por personas involucradas con actividades delictivas o grupos armados, para controlar y vigilar a las personas que circulan por allí.
Se trata de un escenario hostil, peligroso y empobrecido donde reina la impunidad y la arbitrariedad. Las personas están en un estado de desatención total por parte de los órganos gubernamentales, cuya única función efectiva se ha circunscrito a la militarización de la zona –lo que se traduce en incrementos de abusos, intimidaciones y amenazas contra la población–. Por su parte, los gobernantes se han dedicado a amedrentar a las personas si no aceptan sus imposiciones o caprichos, como se evidencia en el caso de la protesta de la comunidad Los Puertecitos que se negó a cambiar bolsas de comida por votos.
Experiencias y retos de las defensoras y defensores de derechos humanos
La labor de Codhez en la Guajira empezó a través de la investigación de casos y de la documentación de la situación general de derechos humanos junto al Comité de Derechos Humanos de la Guajira entre 2016 y 2017 (este comité es la organización de la sociedad civil más antigua en el estado de Zulia; se fundó en agosto de 1999 y desde entonces se dedica a promover y defender los derechos humanos del pueblo wayúu y añú).
Saylin Fernández, periodista wayúu y defensora de derechos humanos, hace parte del Comité de Derechos Humanos de la Guajira desde hace catorce años. Su trabajo inició en las comunidades como periodista de calle y ese contacto hizo que conociera «el compás de realidades de la Guajira a través de los caseríos, las instituciones educativas y de salud», según nos afirmó en una entrevista realizada en noviembre de 2022. Para ella, las necesidades de la Guajira siempre han estado allí, así como la desatención del Estado, y por eso ha sido importante impartir talleres de formación para las comunidades, que les permitan empoderarlas en el conocimiento de sus derechos.
En alianza con las organizaciones y los defensores de derechos humanos en Zulia, se han logrado tener momentos de concertación para conservar los espacios de denuncia, la labor de documentación y salvaguardar la seguridad de los periodistas y defensores que se encuentran en terreno. Las denuncias, los llamados y las alertas ante situaciones que vulneran los derechos humanos no se publican de modo individual, sino que se hacen en conjunto con una red de organizaciones para que la información se masifique. Además de Codhez y el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, en tal red también están la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia (que abarca dieciocho organizaciones de derechos humanos en Zulia), la Red Leal y organizaciones nacionales como el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Laboratorio de Paz.
9 Instituto de Investigaciones Económicas (UCAB), «Inso-Encovi 2021».
10 Codhez, «La Guajira no vive una crisis».
11 Ibid.
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LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
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