Venezuela y Colombia comparten una frontera común al norte de ambos países. Esta frontera es el lugar de asentamiento del pueblo indígena más numeroso que existe en las dos naciones: el wayúu. Según el Censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realizado en 2021, en Colombia habitan 380.460 personas autorreconocidas como wayúu, mientras en Venezuela esta población indígena es de 413.437, de acuerdo con el Censo Nacional de Estadística de 2011.
La situación del territorio entre ambos países se ha caracterizado por las necesidades humanitarias que enfrenta el pueblo wayúu. Históricamente, los wayúu se han enfrentado a la pobreza, la falta de medios de subsistencia y la carencia de agua potable y salud de calidad, entre otras situaciones que dificultan el desarrollo de la vida en medio de su vasto territorio desértico que ocupa 25.000 kilómetros entre Venezuela y Colombia.
La desatención de ambos Estados ha afectado de forma estructural y sistemática los derechos humanos de este pueblo indígena, y a ello se ha sumado la presencia de grupos armados heredados del conflicto armado en Colombia. Los pobladores son muy herméticos sobre la presencia de grupos armados (guerrilla1, narcotráfico y contrabandistas) por miedo a represalias, amenazas y hostigamientos, pero se conoce la fuerte presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en zonas de la Guajira. Esta guerrilla, aprovechando la vulnerabilidad y pobreza de la población, capta a jóvenes para reclutarlos forzosamente en sus filas o hacerlos partícipes de sus negocios ilícitos.
Poco han hecho los Estados para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos del pueblo wayúu y muchos han sido los proyectos estériles para garantizar la dignidad de sus condiciones de vida. Más recientemente, la situación de derechos humanos ha empeorado por el aumento del flujo migratorio de venezolanos que han decidido marcharse de su país en vista de la emergencia humanitaria compleja que se vive allí.
Del lado venezolano, el municipio de Guajira se ubica en el noroccidente del estado de Zulia, en la frontera con Colombia, y abarca una superficie de 2.370 km2. La capital es Sinamaica y posee cuatro parroquias civiles (unidades político-territoriales en las que se dividen los municipios): Sinamaica, Elías Sánchez Rubio, Guajira y Alta Guajira2.
En el estado de Zulia, la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) se ha encargado de monitorear y documentar la situación de derechos humanos en la región, que presenta características particulares y diferenciadas con respecto a otras entidades del país: es un estado fronterizo, cuenta con una densidad de población mayor y es el hogar del pueblo indígena más numeroso de Venezuela.
Desde Codhez hemos documentado el complicado panorama de los pueblos y las comunidades indígenas ubicados en esta zona fronteriza. Mediante visitas, reportes, denuncias y documentación, insistimos en visibilizar la realidad de la población wayúu y llamar la atención del Estado venezolano para que asuma sus responsabilidades constitucionales de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y garantizar la permanencia de sus cosmologías y tradiciones ancestrales, que poseen un valor único para la humanidad. No obstante, esta tarea no ha resultado nada sencilla, pues, como veremos, el contexto del territorio presenta graves obstáculos y amenazas para la defensa de los derechos humanos.
Como datos que ayudan a vislumbrar el panorama de la zona de Guajira en Venezuela, se destaca que el 98 % de la población del municipio se encuentra por debajo de la línea de pobreza, mientras que 86 % vive por debajo de la línea de pobreza extrema: es decir, son familias que no cuentan con ingresos para satisfacer sus necesidades más básicas3.
El municipio de Guajira es epicentro estratégico para el intercambio comercial, industrial y cultural entre Colombia y Venezuela, y es uno de los pasos fronterizos con mayor movilidad humana en Latinoamérica. Es el lugar donde el pueblo indígena wayúu ha vivido y donde ha forjado sus costumbres familiares y referentes cosmológicos. Pese a que el territorio posee un valor ancestral, en diciembre de 2010, a través del Decreto 39583 firmado por el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se impuso el Distrito Militar N.o 1 en la Guajira venezolana, con mando central en la localidad de Paraguaipoa. Sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa y a decidir sobre sus territorios originarios, se ordenó la presencia masiva de la Fuerza Armada Nacional, lo que alteró las costumbres ancestrales de la etnia. Bajo el supuesto de atender la emergencia por lluvias en la zona, luchar contra el contrabando y resguardar la seguridad ciudadana de la población wayúu, se impuso un cerco militar que ha sido el origen de abusos militares, ejecuciones extrajudiciales y, en general, de la pérdida progresiva de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
A esa primera ofensa en contra del territorio, en 2015 – por decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro– se ordenó el cierre de la frontera y de las actividades económicas entre Venezuela y Colombia, debido a desacuerdos diplomáticos. En general, el cierre les causó una grave crisis económica, social y cultural a los wayúu, por cuanto significó la ruptura con su territorio ancestral y la dificultad para ejercer sus actividades comerciales y mantener la conexión con sus familiares. Ante la ausencia estatal, se hicieron más frecuentes las denuncias del aprovechamiento de las personas indígenas pobres y personas no indígenas para redes de trata de personas, negocios ilícitos, contrabando y reclutamiento forzado de parte de grandes grupos criminales y paramilitares.
1 Según un reporte publicado en 2020 por International Crisis Group («Bajo un sol inclemente»), la facción Luciano Ariza del Frente de Guerra Norte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) está presente en esta zona e incluso llega hasta la Sierra de Perijá.
2 Corporación de Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia), «Municipio Guajira».
3 Instituto de Investigaciones Económicas (UCAB), «Inso-Encovi 2021».
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LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
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