

Las palabras de Bernal tuvieron eco en la justicia venezolana: el 29 de julio de 2021, el Tribunal Décimo de Control Penal acusó al periodista por el delito de «promoción e incitación al odio». Prada, que en ese momento estaba fuera de Venezuela, reaccionó a la decisión judicial a través de su cuenta en Twitter: «no me han callado y ahora es cuando saldrán a la luz muchas más denuncias de cómo operan las bandas criminales que mantienen secuestradas las instituciones de justicia y de seguridad en #Venezuela, y de cuanto se arrastran ante ellos [sic]»12.
Esta no es la primera vez que intentan silenciar la voz de Prada Torres. En 2016 había denuncias ante la Fiscalía por persecución en su contra (ninguna ha recibido respuesta) y el propio Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela rechazó en su momento las amenazas que el comunicador ha recibido a través de las redes sociales.
En 2019, Prada denunció presuntas amenazas de muerte por parte de un familiar de Iris Varela, política cercana al chavismo que ocupa el cargo de primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En su momento, la denuncia fue desechada por la Fiscalía once días después de recibirla y fue enviada directamente a la Unidad de Depuración Inmediata de Casos. Hasta el momento, tampoco ha recibido respuesta. Obeysser Prada Torres permanece fuera de Venezuela.
12 Prada, «Buenas tardes».
Los tres ejemplos que acabo de exponer son una muestra de la magnitud del daño que día a día viven defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas e, incluso, la ciudadanía en Venezuela. A través de un entramado político-judicial, el Gobierno venezolano persigue de manera sistemática la diferencia y quiere acallar las voces que denuncian el uso abusivo del poder.
A pesar de que muchas denuncias han llegado a tribunales internacionales, las y los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro gozan de impunidad, pues los procesos en su contra descansan en oficinas públicas donde no existe el menor esfuerzo por hacer justicia. Por eso, una de las principales recomendaciones que hago es que la mayor cantidad posible de gobiernos presione políticamente a Nicolás Maduro para que reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta herramienta constituye una ventana para quienes defendemos la vida y puede servir para aliviar la impunidad en el país.
La comunidad internacional también puede exigir visitas a las personas presas por motivos políticos, así como presionar para que el Gobierno mejore las condiciones en las cárceles y respete los derechos humanos de la población carcelaria.
Es imperativo que los gobiernos presionen para que se respete la defensa de los derechos humanos, que se haga justicia en los casos donde se producen daños como consecuencia de violaciones a los derechos de las personas, se repare el daño causado y no se criminalice a las víctimas por el hecho de denunciar.
De igual forma, ni la sociedad civil venezolana ni el mundo democrático pueden perder de vista las elecciones. Es necesario presionar para que el Gobierno permita unos comicios con participación popular libre y soberana, como lo promete la Constitución, en condiciones reales de igualdad y sin abusos.
Como defensora de derechos humanos, quisiera pedirles a los gobiernos del mundo que cuestionen al Estado venezolano sobre el uso de figuras inconstitucionales como los «protectores», quienes tienen una enorme influencia en la política local y terminan siendo articuladores regionales de un sistema represivo.
Por último, quiero hablar como defensora de los derechos humanos en la frontera entre mi país y Colombia: no habrá paz en el Táchira si los procesos de paz en esa hermana república no llegan a buen puerto.
Amnistía Internacional. «Represión calculada: estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Bernal, F. «En el Hospital…». Twitter, 13 de febrero de 2019, Ver más.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Resolución 52/2020. Ver más.
Connectas. «Las caras del “protector” de Maduro en la frontera». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Human Rights Watch. «Arremetida contra opositores: brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela». Acceso el 25 de enero de 2023. Ver más.
Lozano, D. «Venezuela regresa a los racionamientos eléctricos». El Mundo (15 de marzo de 2018). Ver más.
Prada, O. «Buenas tardes…». Twitter, 4 de agosto de 2021, Ver más.
Prodavinci. «Activada segunda fase en Táchira: ¿qué se sabe del Plan Zamora?». Acceso el 16 de junio de 2022. Ver más.
Wallace, A. «San Cristóbal: la ciudad de las barricadas en Venezuela». BBC News (5 de marzo de 2014). Ver más.
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Abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Hace parte de la organización Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
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