«Al mismo tiempo que yo tenía solicitud de restitución de tierras, me di cuenta de que había que ayudar a las personas que estaban en la misma situación y logré microfocalizar13 a través de una tutela», afirma. El trabajo es importante, teniendo en cuenta que la focalización es una etapa clave para continuar con la restitución de los predios, pues las solicitudes que no se encuentren en esas zonas no son tramitadas por la Unidad de Restitución de Tierras. A partir de la Resolución 00509 del 15 de mayo de 2019, la Dirección Territorial Norte de Santander microfocalizó parcialmente el municipio de Tibú, lo que favoreció la intervención en las veredas Ambato, Barco Silla, El Empalme, San Miguel, Villa del Carmen, La Lejía, La Primavera, El Socorro, El Totumo Caño Medio y la parte sur de la vereda La Batería.
No obstante, con la Resolución 01306 del 15 de julio de 2021, la entidad ordenó suspender 32 solicitudes de Tibú, entre ellas tres de Galvis, debido a la falta de condiciones de seguridad necesarias para la etapa administrativa de la restitución. Asimismo, en el documento se señala que el coronel Carlos Alberto Martínez Rodríguez informó de la injerencia de estructuras armadas ilegales en el municipio y distintos hechos de violencia en lo corrido de 2021, particularidades que impiden las diligencias de comunicación y georreferenciación de los predios.
En junio de 2021, y en medio del contexto de violencia mencionado, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) –encargado de recomendar las medidas de protección individuales y colectivas, estableciendo las entidades, los responsables, los tiempos y los plazos de ejecución– determinó que el riesgo de Galvis «disminuyó ostensiblemente, pues no cuenta con una amenaza real que pueda ser valorada objetivamente»14. Frente a ello, Galvis destaca: «Me lo bajaron poniendo en riesgo mi vida, a pesar de que en muchas oportunidades les dije de mi situación, y que por el tema de restitución de tierras mi vida estaba corriendo peligro. La Unidad Nacional de Protección tenía conocimiento de que yo bajaría para Tibú y que llegaría a Ambato el día del secuestro. El escolta que me asignó la Unidad Nacional de Protección se abstuvo de ir conmigo e inclusive manifestó que, si yo no tenía recursos para moverme y para que él se moviera, no me acompañaba. Yo le dije que el transporte solo costaba $2.500 y él me contestó que no lo asumía; yo le dije que entonces qué clase de protección era la que me ofrecían».
Dos meses después de la decisión del Cerrem, y pese al recurso de apelación presentado por Galvis, ocurrió el secuestro. Fueron casi doce meses de incertidumbre. Los actores armados les recordaron a los catatumberos, y al país, quién tiene el control de la subregión. Sin embargo, las organizaciones sociales de Diaconpaz también enviaron un mensaje: en medio de la violencia, siguieron creando alternativas para habitar y reinventar el territorio. La negación de la vida, reflejada en la sistematicidad de las muertes, las amenazas, los secuestros y las desapariciones, no ha logrado silenciarlos. Los tibuyanos comparten el dolor de habitar un municipio históricamente conflictivo, pero también la disposición para transformarlo.
13 Caballero, «Feminicidios en Tibú».
14 Cotamo, «Comunidad del Catatumbo».
Recomendaciones
A Migración Colombia, le recomendamos descentralizar los puestos de control migratorio (PCM) del área metropolitana de Cúcuta. Municipios fronterizos como Tibú, que siguen sin tener un control migratorio, están en manos de estructuras armadas ilegales que establecen rentas ilegales por el paso peatonal, vehicular o comercial, y, además, se aprovechan de la vulnerabilidad en la que llegan algunos ciudadanos refugiados, retornados o migrantes, para vincularlos a sus estructuras delictivas.
A la Fiscalía y a la Procuraduría les recomendamos adelantar procesos disciplinarios y judiciales frente a la omisión o extralimitación de los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones, para así restablecer los derechos individuales y colectivos de los habitantes nortesantandereanos.
A la fuerza pública le recomendamos garantizar la seguridad de la población para recuperar la confianza de los ciudadanos en la institucionalidad, propiciar ambientes pertinentes para la restitución de tierras y contribuir a la propuesta del presidente Gustavo Petro: convertir el Catatumbo en la capital nacional de la paz.
A la Unidad Nacional de Protección le recomendamos, con un enfoque territorial, diferencial y de acción sin daño, adoptar medidas eficaces, idóneas y oportunas para la protección de la vida y la integridad de líderes y defensores de derechos humanos.
Al los Estados colombiano y venezolano, les recomendamos avanzar en el restablecimiento de las relaciones binacionales para garantizar la normalización de los puentes La Unión, Internacional Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y Tienditas, y con ello mitigar el control social, económico y político que ejercen las estructuras armadas ilegales. De igual forma, promover consensos que permitan garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz y la política de paz total, teniendo en cuenta la crisis humanitaria que atraviesa la población fronteriza.
Liderazgos como los de García y Galvis deben prevalecer y protegerse en una sociedad como la colombiana, donde la vida es efímera para quienes protegen los derechos humanos y el territorio, y donde el triángulo de la violencia directa, cultural y estructural afecta lo que estos líderes defienden: la construcción del tejido social y las relaciones humanas en las comunidades.
Referencias
Caballero, I. «Feminicidios en Tibú, la Ciudad Juárez colombiana». Cambio (6 de febrero de 2022). Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Caracol Radio. «Procesos de restitución de tierras avanza en Norte de Santander». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Centro Nacional de Memoria Histórica. Con licencia para desplazar: masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. Bogotá: CNMH, 2015.
Cotamo, O. L. «Comunidad del Catatumbo denuncia incremento de reclutamiento de menores de edad». RCN Radio. Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
DANE. «Defunciones por COVID-19». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Defensoría del Pueblo. «Alerta temprana n.o 035-2020». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
El Espectador. «El Catatumbo es una especie de Bronx a nivel nacional: Presidente Santos». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Jurisdicción Especial para la Paz. «JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, 6 oficiales y 3 suboficiales del Ejército, y a un tercero civil, por “falsos positivos” en Catatumbo». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. «Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
_____. «Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. «Colombia: desplazamientos masivos en Cúcuta y Tibú (Norte de Santander). Flash Update No. 1 (31/07/2020)». Acceso el 30 de noviembre de 2022. Ver más.
Unidad Nacional de Protección. Resolución 8378 de 2021.
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DANIEL JULIÁN PARRA VILLAMIZAR
Comunicador social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Coordinador de la Oficina Frontera, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
Fundación Paz y Reconciliación, Colombia.
VIANY KATERINE HERNÁNDEZ ASCANIO
Comunicadora social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Antropóloga en formación, Fundación Universitaria Claretiana, Medellín. Investigadora regional, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
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