La iniciativa ha estado marcada por la violencia que Carmen ha vivido y que, lejos de ser un hecho aislado y personal, hace parte de la memoria colectiva de los catatumberos. Por ello, no es posible hablar del presente sin recordar el pasado. Las prácticas y modalidades del terror implantadas por los guerrilleros y paramilitares convirtieron el territorio en un paisaje de muerte, desaparición y desarraigo. La fuerza pública ha sido otro de los actores responsables, pues facilitó la violencia por acción u omisión4, y actualmente participa en la vulneración de los derechos de la población civil desde la persecución, la estigmatización, los combates con actores armados, el uso de las personas como informantes y la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito (uno de los últimos hechos de erradicación forzada se presentó el 28 y 29 de octubre de 2022: mientras en Campo Dos, zona rural de Tibú, se realizaba el tercer encuentro regional de familias y comunidades que subsisten de la economía de la hoja de coca, en las veredas El Retiro y Caño Indio se inició un proceso de destrucción de cultivos).
«Gracias a Dios no me mataron», manifiesta García, mientras recuerda que logró seguir con vida, pese al secuestro y a las múltiples formas de violencia. Lo dice con tranquilidad, pero mientras habla observa sus manos, las mismas que tienen las huellas de las experiencias traumáticas que vivió: como resultado de la violencia paramilitar, tiene cicatrices en los dedos y no puede mover completamente uno de sus brazos. Ha canalizado el dolor a través de la poesía. Es escritora, como su padre, Tirso Vélez, alcalde de Tibú en 1992. Su musa, en los textos y en su rol de activista, es el amor que emerge de la resistencia y de su confianza en que es posible tener un Catatumbo en paz.
«Madres del Catatumbo lo que está bregando es que a las mujeres no les toque pasar todo lo que yo viví, porque a mí el único que me acompañó y salvó fue Dios», asegura. La asociación nació el 29 de mayo de 2019. Para entonces, Carmen era la coordinadora de la Mesa de Víctimas y en un recorrido por el Catatumbo empezó a reconocer que las madres eran quienes estaban poniendo los muertos de la guerra. Desde su rol como defensora de derechos humanos escuchaba constantemente frases como «Mira, es que mi hijo pertenece al ELN y mi sobrino al EPL, si mi hijo mata a mi sobrino, mi hermana me mata a mí».
Tuvo que ver a varias mujeres llorando la muerte de sus hijos y se vio reflejada en el sufrimiento que padeció en las tierras catatumberas. Las súplicas de ayuda no la dejaban dormir y por eso decidió realizar una cumbre de madres, en el Kilómetro 19, el 29 de mayo de 2019. Así nació la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz. La premisa era una sola: «Se van a juntar las madres pa no parirle hijos a la guerra». La elección del lugar fue estratégica, pues quería resignificar lo vivido allí, según lo plasmó en el poema «Kilómetro 19»:
Kilómetro diecinueve,
cuarenta minutos,
con la mochila en la espalda y la incertidumbre en la cara.
Sin respuesta emprenden la marcha,
con seguir vivos basta.
Toma de la mano a sus hijos, huye,
con un crucifijo bailando en mitad del pecho.
Kilómetro diecinueve,
cuarenta minutos.
El poema es una conmemoración de las madres víctimas y hace referencia a las masacres cometidas por los paramilitares, en las que estos acostaban a algunas personas en la carretera para asesinarlas, mientras los demás tenían unos minutos para huir. La asociación, que nació del dolor y se pensó para Tibú, terminó convertida en una iniciativa para todo el Catatumbo. A ella se sumaron madres de Ocaña, El Tarra y San Calixto, entre otros municipios. Ese 29 de mayo, varias mujeres en la Plaza de Mayo, Argentina, les enviaron un saludo que las llenó de fuerza. «Madres empezó por lo grande. La guerrilla nos puso cinco bombas para no dejar llegar a la gente que venía; gracias a Dios la gente ya había llegado el día anterior», dice Carmen con una sonrisa, victoriosa por haberle ganado una batalla a los grupos armados.
Con la salida de las FARC-EP del territorio tras el Acuerdo de Paz, el EPL y el Clan del Golfo empezaron una disputa territorial con el ELN que afectó a las comunidades y a sus líderes y defensores de derechos humanos. En 2020, durante el segundo año de la asociación, la violencia no cesó. Cuatro líderes y un excombatiente de las FARC-EP fueron asesinados en Tibú. Además, pese a la firma del Acuerdo, el Ejército realizó operativos de erradicación forzada que ocasionaron la muerte de Digno Buendía y le causaron graves heridas a Jimmy González5. Dos meses después, el 18 de julio, en la vereda Totumito-Carboneras, de Tibú, la masacre de ocho civiles –entre ellos un líder social de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat)– causó el desplazamiento de 419 personas. El día siguiente, por las mismas razones, se desplazaron 433 más6.
Para entonces, banderas de distintos colores se apreciaban en el territorio, pues las familias nortesantandereanas las ubicaban en las fachadas de casas como un llamado de auxilio ante las necesidades insatisfechas. A la vulneración de derechos humanos se sumó la situación de salubridad mundial que posicionó a Norte de Santander como el segundo departamento con mayor tasa de mortalidad por covid-19 en Colombia7. El panorama en la región era de abandono estatal, confluencia de estructuras armadas ilegales, miedo, hambre y enfermedad. El compromiso de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz motivó a las mujeres a pensar estrategias para mitigar el impacto de la violencia. «Hicimos una campaña que presentamos a la Gobernación: la bandera amarilla. Por todo el territorio llevamos médicos, colchones y mercados donde conseguimos esa bandera», cuenta García.
4 La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once personas, un general, seis oficiales, tres suboficiales del Ejército y un tercero civil por su participación en 120 ejecuciones extrajudiciales en el Catatumbo entre enero de 2007 y agosto de 2008 (Jurisdicción Especial para la Paz, «JEP imputa crímenes de guerra»).
5 Defensoría del Pueblo, «Alerta temprana n.o 035-2020».
6 Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, «Colombia: desplazamientos».
7 Entre marzo de 2020 y enero de 2021, con una tasa de 173,1 por cada 100 habitantes, Norte de Santander registró la segunda mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el país (DANE, «Defunciones»).
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DANIEL JULIÁN PARRA VILLAMIZAR
Comunicador social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Coordinador de la Oficina Frontera, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
Fundación Paz y Reconciliación, Colombia.
VIANY KATERINE HERNÁNDEZ ASCANIO
Comunicadora social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Antropóloga en formación, Fundación Universitaria Claretiana, Medellín. Investigadora regional, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
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