Uso político del hambre
Heberto Ferrer, docente y líder de la Guajira, nos contó la experiencia vivida en el marco de las elecciones internas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV, partido del gobierno de Nicolás Maduro). Los habitantes de las comunidades de La Rita, Cardoncito, Caño Palajama, Botoncillo, Mamoncito, Carraiquilla y Puertecito (899 electores) fueron convocados a tal elección. El 6 de agosto de 2021, día de la instalación de las mesas electorales, los líderes indígenas denunciaron que en los centros de votación solo estaban funcionarios adscritos a la alcaldía del municipio de Guajira, a cuyo cargo se encuentra Indira Fernández, alcaldesa en ejercicio y representante del PSUV. La otra fuerza política en contienda para las primarias era el Partido Comunista de Venezuela, que no tenía ningún tipo de representación.
Esta injusta y abusiva situación también fue apoyada por funcionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE) y por el componente militar presente, lo que vulneró el derecho de participación de los líderes indígenas e incrementó el disgusto de las comunidades. Ante las constantes quejas de la comunidad, el centro electoral fue desmontado y la máquina de votación fue desinstalada y retirada en una camioneta de la Alcaldía.
Mientras ocurría esto, a la casa del coordinador de la mesa electoral y vocero del consejo comunal de Puertecitos llegaron 600 bolsas con alimentos CLAP para ser distribuidas solamente entre las personas que votaran por la alcaldesa: quien no lo hiciera, no tenía derecho a las bolsas. Decenas de personas wayúu se trasladaron hasta la casa del coordinador para protestar en contra de esta arbitrariedad, pues el programa de alimentación de las cajas CLAP debe distribuirse a todos por igual para garantizar la seguridad alimentaria de la población y en ningún caso debe usarse como un medio para coaccionar el voto. La comunidad estaba decidida a apoderarse de las bolsas y a que no se entregaran como instrumento para acumular votos para la alcaldesa.
De acuerdo con Ferrer, los funcionarios de la Alcaldía y los integrantes de la mesa electoral se trasladaron a la casa del coordinador de la mesa electoral para resguardar las bolsas. Al ver la protesta y el descontento de la comunidad, la presidenta de la mesa (aliada de la alcaldesa) hizo una llamada telefónica y al terminar dijo: «Vámonos. Ya recogimos todo, dejémosles las bolsas a estos malditos guajiros muertos de hambre», lo que desencadenó una serie de quejas de la comunidad ante el maltrato.
En estas circunstancias, se presentaron funcionarios de la Policía Nacional y fuerzas policiales adscritas a la Alcaldía de la Guajira y la Gobernación de Zulia, incluyendo motorizados del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado de Zulia y el Equipo de Respuesta Especial de la Policía del Estado (que persigue a los criminales más peligrosos). La represión en contra de la comunidad culminó en horas de la noche. A las 11:00 p. m. llegó un camión de la Alcaldía de la Guajira para llevarse las bolsas (supuestamente para venderlas), pero la presión de la comunidad logró que estas fueran entregadas a los votantes.
Estos hechos también fueron reseñados por periodistas locales y medios de comunicación nacionales. «En procesos de elecciones pasados llevaban la comida y quien votaba recibía su bolsa, los habitantes de Los Puertecitos al este de Sinamaica #Venezuela #Zulia se cansaron de eso y enfrentaron a quienes hacen esa práctica, hay lesionados», denunció el periodista Lenin Danieri, vía Twitter6. Asimismo, El Nacional reportó que los habitantes de Los Puertecitos se cansaron de las promesas de los dirigentes y se enfrentaron a quienes en procesos de elecciones llevaban bolsas de comida a cambio de votos7. También El Pitazo8 afirmó que los voceros de los consejos comunales del PSUV utilizaron las bolsas de Mercal para comprar los votos de los electores: alrededor de 23.000 familias en el municipio de la Guajira llevaban esperando tres meses este beneficio alimentario para las comunidades. Se destaca que sobre estos acontecimientos no hubo ningún pronunciamiento o comunicado oficial por parte de los representantes de la Alcaldía o la Gobernación.
El día de las elecciones internas del PSUV, el 8 de agosto de 2021, la mesa electoral fue abierta con mucha lentitud y se reportó que las máquinas no funcionaban bien. Solo pudieron sufragar unas 150 personas y más de 400 no pudieron ejercer su derecho al voto: al final anunciaron que la alcaldesa Indira Fernández había resultado reelecta. En noviembre de 2021 fue la ganadora de las elecciones municipales.
Después de estos hechos, a las personas vecinas de estas comunidades no se les ha permitido acceder a los alimentos de Mercal ni a las bolsas CLAP, y la Alcaldía no va hasta estos caseríos que se encuentran alejados de los poblados principales de la Guajira (Sinamaica y Paraguaipoa), lo que violenta el derecho a la alimentación de la población.
Para los activistas en terreno, la instrumentalización del hambre no solo es una práctica utilizada antes de la elección de cargos políticos, sino una estrategia generalizada de control social donde la figura del Consejo Comunal juega un papel importante. Si las personas quieren protestar o van hasta una emisora radial a hacer una denuncia, reciben como represalia el que se les quite la caja CLAP. Por ello, la gran mayoría ha decidido guardar silencio y no arriesgarse a perder una bolsa de comida que es tan necesaria.
6 Danieri, «Les cambiaron».
7 El Nacional, «Reportaron actos de violencia».
8 El Pitazo, «Internas del Psuv».
DESCARGAR ESTE CAPÍTULO
LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
En colaboración con:
Frontera Común © Todos los derechos reservados | crd.org
Las opiniones, los comentarios y las posiciones políticas que contiene esta publicación constituyen las posturas de las y los autores y no comprometen ni representan el pensamiento de Civil Rights Defenders ni de la Embajada de Suecia en Colombia. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción y la comunicación pública total o parcial y la distribución, sin la autorización previa y por escrito de las y los titulares.