La reanudación de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, a partir de agosto de 2022, ha avivado la esperanza e incentiva a poner sobre la mesa la situación de derechos humanos de la Guajira venezolana. Aunque se reactivará oficialmente el intercambio comercial con núcleo en la Troncal del Caribe (Maracaibo-Maicao), los líderes de ambos países no han hablado sobre una apertura de la frontera enfocada en derechos humanos, a pesar de lo apremiante que resulta el contexto en materia de necesidades humanitarias, y de la seguridad y atención a personas migrantes y refugiadas venezolanas.
Hacer posible la defensa de los derechos humanos en este territorio no resulta fácil cuando se tiene en cuenta la existencia de un conjunto de restricciones, limitaciones y vulnerabilidades a las que están sometidas las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos en Venezuela. Se trata de patrones comprobados de comportamientos de hostigamiento contra las defensoras y defensores de derechos humanos por parte de las autoridades venezolanas.
Hay patrones relacionados con la vigilancia y el control estatal que llegan a niveles de persecución y hostigamiento, mediante operativos de seguimiento por parte de cuerpos policiales o de inteligencia militar contra quienes realizan denuncias públicas: allanamientos, detenciones arbitrarias, acusaciones falsas e infundadas mediante la manipulación de los órganos de justicia, retención de equipos y documentaciones, descalificación y desprestigio contra defensoras y defensores, y precalificaciones de las organizaciones de la sociedad civil con actividades relacionadas con la delincuencia organizada y el terrorismo.
La defensa de los derechos humanos: un tejido que resiste
El tejido, para los miembros del pueblo wayúu, es más que una práctica cultural: es una herencia de sus ancestros y un medio para expresar la vida como la sienten y desean. Según su cosmología, Wale’ Kerü («araña tejedora» en idioma wayuunaiki) fue quien enseñó a la mujer wayúu a tejer. Al amanecer de cada día, Wale’ Kerü tenía hechos susus («bolsos» en idioma wayuunaiki) y hamacas para el uso y servicio del pueblo wayúu.
La defensa de los derechos humanos en la Guajira se ha tejido como un susu wayúu: con paciencia, hilo tras hilo, gracias al aporte de diversos Wale’ Kerü, defensores de derechos humanos, periodistas locales y liderazgos de hombres y mujeres wayúu desde sus comunidades. El objetivo ha sido documentar lo que se vive en la Guajira, como si se guardara todo en un bolso wayúu y con ello se pudieran hacer las denuncias y exigencias necesarias. Esta tarea se asume como una responsabilidad, pero también como un riesgo que, en ocasiones, incluye represiones, persecuciones y detenciones por parte del Gobierno, así como la desprotección frente a la violencia y las amenazas de los grupos armados.
Hambre y represión
Los factores que inciden en la existencia de condiciones tan complejas en la Guajira son de diversas magnitudes y alcances. Las extremas condiciones de pobreza obligan a que la mayoría de los jóvenes (62 %) en edades comprendidas entre 15 y 24 años no estudien ni trabajen4. No hay fuentes dignas de empleo. Los habitantes de sectores como Potrerito se trasladan hasta la frontera con Paraguachón para vender agua, chicha o trabajar como carretilleros5; se trata de una zona sumamente peligrosa, controlada por mafias y delincuencia organizada. Otros se dedican a la cría de ovinos y caprinos, a la pesca, al corte de leña o al transporte en motos. En general, existen limitados medios de vida dignos y seguros.
Para comer, las familias wayúu dependen de los programas de alimentación del Gobierno nacional. El programa Mercado de Alimentos (Mercal) y las cajas CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción) fueron creados por el Gobierno para abastecer de alimentos de primera necesidad a la población, con precios de bajo costo o de manera gratuita. De acuerdo con la Ley Constitucional que regula el Comité Local de Abastecimiento y Producción, publicada en la Gaceta Oficial n.o 41.330, se entrega una caja de alimentos a familias compuestas por cinco personas o menos. La frecuencia de entrega de alimentos es cada quince días, pero el 79,2 % de las familias zulianas confirmó haberlas adquirido tres o menos veces al año, de acuerdo con datos de Codhez. Además, pese a anunciarse como un programa gratuito, a las familias se les exige un pago de por lo menos 10.000 pesos colombianos (moneda extranjera en Venezuela, pero que es de libre uso en la zona fronteriza debido a la devaluación del bolívar). La cantidad de comida entregada solo alcanza para unos cuatro días. Estos programas son utilizados por voceros del Gobierno como forma de manipulación política o como instrumento para controlar el voto popular.
El hambre en la Guajira no es nueva y durante el inicio del confinamiento por la pandemia el pueblo wayúu protestó por los retrasos en la llegada de los programas alimentarios prometidos por el Gobierno y que resultaban ser la única salvación de las familias para alimentarse durante la época de cuarentena extrema.
En estas circunstancias, hubo detenciones arbitrarias y violencia policial y militar en medio de las protestas de la población, lo cual demostró la impericia y el desconocimiento de policías, militares y autoridades civiles en materia de contención sanitaria con enfoque de derechos humanos y atención a poblaciones indígenas. Por ejemplo, el 12 de abril de 2020 hubo varias protestas en el poblado de Guarero, en las que se reclamaba la falta de alimentos y las fallas generalizadas de los servicios públicos. La Guardia Nacional Bolivariana (GNB) reprimió fuertemente la protesta y disparó contra la población, hiriendo con un perdigón el rostro de una lideresa wayúu.
Esta agresión a una mujer wayúu demuestra el irrespeto y la grave vulneración a sus derechos e identidad por parte de los funcionarios militares estacionados en territorio indígena. En la cosmología wayúu, la mujer es creadora de vida y posee autoridad especial en su familia y en la sociedad para el cuidado de las futuras generaciones, las tradiciones y las costumbres. Las mujeres wayúu protegen la identidad wayúu y son las responsables de los ritos sagrados y el mantenimiento del bienestar familiar.
Es muy común ver alcabalas improvisadas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), de las que se reportan constantes atropellos y extorsiones. La represión es una fórmula común para mantener el control social sobre la población. Este año documentamos, como mostraremos a continuación, un hecho que evidencia la instrumentalización del hambre y las necesidades del pueblo wayúu en favor de la obtención de votos por parte del Gobierno municipal.
4 Ibid.
5 Radio Fe y Alegría Noticias, «El agua sigue sin llegar».
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LOIRALITH CHIRINOS
Coordinadora de Documentación de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Profesora titular de la Universidad del Zulia (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público, y doctora en Ciencias Jurídicas.
Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez), Venezuela.
DAYANNA PALMAR
Coordinadora de Proyectos de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez). Fellow del Sur Global de la línea étnico racial en Dejusticia. Abogada egresada de la Universidad del Zulia (LUZ) y licenciada en Comunicación Social.
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