“Si Europa tiene algún interés por el futuro de Cuba, debería mirar estratégicamente a su vibrante sociedad”

Carta #30 de Manuel Cuesta Morúa y promotores de Propuesta 2020 para la UE.

Finalizando con nuestra serie de #CartadeCubaparaUE el siguiente texto nos expone un análisis político de las relaciones entre la UE y Cuba, y como estas han influenciado la relación actual entre ambas partes y en el desarrollo del PDCA. Así mismo, el texto hace una crítica al PDCA y  propone una serie de pasos que la UE debería tomar respecto al Acuerdo y a sus relaciones con Cuba.

Manuel Cuesta Morúa es graduado en historia de la Universidad de La Habana (1986) con especialización en historia contemporánea. En 1991 ingresó a la organización socialdemócrata Corriente Socialista Democrática Cubana. Posteriormente, entre 1993 y 1996 trabajó en la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En 2002 fundó la organización Arco Progresista, una organización que reúne a diferentes organizaciones de naturaleza socialdemócrata. Posteriormente, coordinó, junto con otras organizaciones y miembros de la sociedad civil independiente la plataforma Nuevo País, una alternativa plural basada en el ciudadano, y cuyo objetivo es refundar el proyecto de nación y el modelo político cubano. Es miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial y miembro fundador de la plataforma regional Solidaridad Democrática Latinoamericana. Por sus labores como defensor de derechos humanos y activista político ha sufrido numerosos arrestos y actos de repudio a lo largo de su carrera profesional.

Cuba-UE: vitalizar los valores

La Unión Europea y Cuba firmaron un Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación que intenta dar un nuevo marco a las relaciones entre una nación y un bloque comunitario. El acuerdo sigue la línea de otros que la Unión Europea tiene con América Central y África, y se basa en al menos dos conceptos: cooperar con países y regiones en vías de desarrollo, y promover una concepción en la que cualquier visión de progreso sea asociada a determinados valores: democracia, derechos humanos y Estado de derecho. 

Esto quiere decir que, en materia de cooperación, la Unión Europea se diferencia de China en un punto crucial: considerar la democracia como un índice de bienestar.   

Con este acuerdo, Europa intenta recuperar su tradición en materia de relaciones internacionales, la que distingue a la misma construcción europea. Ella coloca al diálogo en el lugar de la confrontación, y a la cooperación en el lugar del castigo. La base filosófica de esta tradición tiene fundamento en la idea de que la construcción de instituciones democráticas exige conversación y consenso. Lo que, en sí mismo, es un argumento sólido que tiene como experiencia negativa los conflictos violentos que la misma Europa vivió a lo largo del siglo XX.

El regreso a la comodidad de espíritu europeo sucede a años de tensión infructuosa con la Posición Común Europea de 1996. Es cierto que, a la altura de 2014, cuando se inició la negociación entre Cuba y la UE, no se había avanzado lo suficiente ni en las relaciones europeas, ni en materia de derechos humanos con y en Cuba. Y es claro que de una Posición ineficaz no se podía desprender una estrategia. A lo sumo, se afirmaban unos principios a costa de definir una política entendida como un conjunto de acciones proactivas hacia un objetivo.

Aquí me interesa recordar un hecho a mi modo de ver esencial en la política europea hacia Cuba. Con la Posición Común aún vigente, se avanzó en el proyecto, entre 2002 y principios de 2003, de incluir a Cuba en el Acuerdo de Cotonu de forma vinculante y con claras cláusulas democráticas. En enero de 2003, el gobierno de Cuba presentó sendas cartas de intención con el propósito de iniciar el proceso de adherirse a ese Acuerdo. Entonces sobrevino, en marzo del mismo año la llamada, con cierto desespero clasificatorio, Primavera Negra, que echó atrás todo intento de conciliación de intereses mutuos a través de un proceso de negociación.

Si la Posición Común equivalía a toda la presión posible que la Unión Europea colocaba entonces para impulsar cambios democráticos en Cuba, el Acuerdo de Cotonu constituía (constituye) el espacio donde aterrizaban de manera concreta y específica las aspiraciones de democratización conectadas a la cooperación posible y necesaria en materia de desarrollo e inversiones.

Entre uno y otro, y del uno al otro, circulaba lo que denomino el espíritu de las democracias vitales, las que conducen la política exterior por la senda de los valores homónimos en medio de las arduas negociaciones que impone el realismo político.   

De la Posición Común al Acuerdo de Diálogo y Cooperación este espíritu de las democracias vitales no está muerto, sino languideciendo. La diferencia de momento se puede establecer conceptualmente así:  Si en 2002-2003 Cuba era una no democracia que Europa aspiraba a convertir gradualmente en democracia, ya para 2014 Cuba era considerada como una democracia de partido único, un tipo muy especial de democracia iliberal, que desde Europa se le considera, además, actor clave hemisférico que solo puede ir evolucionando, entre risas y copas, hacia la democracia y el respeto de los derechos humanos. Una visión evolutiva contraria a la experiencia por la que está atravesando la misma Europa. Como se está demostrando allí, la evolución hacia la democracia no está garantizada sin una acción (política) permanente por la democracia. Como muy bien sabían los Robert Schuman y los Jean Monnet.

Este último concepto, que está en la base del espíritu de lo que denomino democracias desvitalizadas, es el que subyace al Acuerdo de Diálogo y Cooperación.

Como defensor del diálogo que soy, en el sentido estratégico, conceptual y cultural, creo que este no es un buen Acuerdo. Este carece de los pilares sólidos del diálogo, los cuales establecen que las partes se comprometen a respetar las premisas establecidas para la conversación; carece de estrategia, la que posibilita la autonomía de acción de una de las partes según su propia visión y sus objetivos de largo plazo, y carece de absorción del contexto en dos puntos importantes: el cambio generacional en el gobierno, que le daría a Europa mayor capacidad de negociación, y los cambios constitucionales, que le posibilitarían mayor y mejor espacio institucional para avanzar los especiosos compromisos establecidos en el Acuerdo en relación con los derechos humanos.

El Artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece, en dos puntos, el derecho de todos a circular libremente, a entrar y salir del país del que se trate sin más restricciones que las que establecerían los tribunales siempre apegados a la ley. Bueno, la nueva Constitución cubana dice lo mismo, y todo un solo párrafo. Y hay que hurgar muy dentro de la doctrina del derecho internacional para defender que la Declaración Universal de Derechos Humanos es vinculante para los Estados que hacen parte, pero de lo que no caben dudas es que la Constitución de cada país obliga a los Estados.

Que el Acuerdo de Diálogo y Cooperación no contemple estas dinámicas políticas fue, y es, realmente preocupante. Lo que provoca un gran desasosiego, cuando un país se impone a un bloque por encima, tanto de los compromisos firmados, como por encima de su propio anclaje institucional. Es decir, nada lo obliga. Lo que lleva a diálogos en el vacío y a la cooperación testimonial. Los dos puntos que más le interesan al gobierno cubano para garantizar dos propósitos relacionados: la ilusión modernizadora, junto a la neutralización de la presión, que posibilita y enmascara un Acuerdo débil y progresivo.

La Unión Europea puede corregir el proceso. Entiendo que para ello debería asumir dos cambios conceptuales. Primero, no tratar los derechos humanos desde el realismo político. Este último expresa una correlación de fuerzas, mientras que el primero unos valores. Segundo, Cuba no es una democracia ni siquiera iliberal. Conclusión importante para tratar los derechos políticos como derechos humanos y no como capacidad institucional.

A partir de estos cambios hay cinco pasos que la Unión Europea debería y podría dar dentro del Acuerdo de Diálogo y Cooperación:

1. Tratar como vinculante el compromiso con los derechos humanos reconocido en la constitución cubana recientemente aprobada. Ni el gobierno cubano ni la Unión Europea pueden permitir espacios de fuga para las instituciones si quieren proyectarse como actores serios;

• Otorgar más visibilidad a los actores de la sociedad civil cubana, tanto de la sociedad civil cívica, como de la sociedad civil estatalmente apoyada, y reconocerlos como los actores legítimos que son;

• Crear espacios de diálogo con la sociedad civil al más alto nivel, independientemente de las rondas de diálogo a nivel institucional. Es importante desburocratizar el tema vital de los derechos humanos;

• Celebrar encuentros semestrales conjuntos entre representantes de la Unión Europea y representantes de la sociedad civil cubana;

• Facilitar encuentros públicos entre funcionarios de la Unión Europea o de sus países miembros que visiten Cuba y representantes de la sociedad civil y de la comunidad pro democrática cubana. 

La Unión Europea podría asumir ya, la víspera de la tercera década del siglo XXI, que Cuba debería ser un espacio propio y autónomo en sus análisis y consideraciones de relaciones internacionales. Definir las políticas hacia Cuba a partir de la circunstancia estadounidense no es definir una política para Cuba ni desde los valores. Hacerlo a partir de la percepción y los intereses del gobierno cubano tampoco. Cuba, es más, y mejor que su gobierno, e igual y distinto de su vecino. La democracia en Cuba no debe ser gracias a los Estados Unidos y sí a pesar del gobierno cubano.

Si Europa tiene algún interés por el futuro de Cuba, más allá de los intereses que se juegan en los mercados, debería mirar estratégicamente a su vibrante sociedad. Donde se agitan, para bien, mejores ideas que en el Estado.

Manuel Cuesta Morúa y promotores de Propuesta 2020