El costo de defender la tierra
El 12 de marzo de 2020, en el municipio de Jáuregui (población de La Grita), Robert Joan y Roztbert Daniel Maldonado Molina, hijos del activista por los derechos humanos y el derecho a la tierra Robert Maldonado, fueron detenidos en un puesto de control por la Guardia Nacional Bolivariana. El capitán Daniel Vielma, a quien el activista había denunciado por la apropiación ilegal y abusiva del combustible destinado a los agricultores de la zona, les notificó que estaban detenidos por ser parte de la banda criminal Los Rastrojos, un grupo de origen colombiano dedicado al narcotráfico en zonas de frontera.
Luego de ser trasladados al Tribunal Militar Décimo Tercero, fueron privados de la libertad por el delito de ultraje al centinela, ofensa y menosprecio a las Fuerzas Armadas. La defensa, asumida por la organización Foro Penal, nunca tuvo acceso al expediente ni pudo entregar escritos de apelación contra la privación de la libertad de Robert Joan y Roztbert Daniel; de hecho, ni siquiera pudo acercarse a las instalaciones militares a averiguar por el caso. Estas acciones arbitrarias fueron consideradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como «una violación al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva»9.
Una vez en prisión, uno de los dos hijos se enfermó. Así quedó registrado en la solicitud que la defensa de los detenidos le hizo a la CIDH: «Robert Joan Maldonado Molina padece de un cuadro grave de pielonefritis aguda (cólicos nefríticos), litiasis renal bilateral, e infección aguda en los riñones, que le habrían causado dilatación de las vías urinarias. Tendría intensos dolores. […] los médicos tratantes habrían informado verbalmente que el paciente debía ser hospitalizado. El tratamiento médico especializado y la hospitalización requeridas no habrían sido brindadas. Del mismo modo, hicieron referencia general a que su lugar de detención no tendría agua por daño en la tubería en la zona, y que el Destacamento 214 de la GNB estaría funcionando como un centro de detección del covid-19»10.
Además, los dos hijos de Robert Maldonado fueron sometidos en prisión a tormentos psicológicos: les dijeron varias veces que no saldrían en libertad porque su padre debía pagar por lo que había hecho, que serían trasladados a un centro penitenciario y que su padre era culpable de la situación en la que estaban. El padre, por su parte, recibió cartas en las que anónimos lo culpaban de lo que estaba ocurriendo. Igualmente, se permitió el ingreso a prisión de abogados que no estaban asignados al caso para convencer a los dos inculpados de revocar la defensa y admitir que habían cometido delitos militares. La defensa jamás recibió notificación de ello.
Al final, la defensa elevó la denuncia ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) en Caracas. El Tribunal aceleró la fijación de la audiencia preliminar, donde terminó por desechar la defensa del Foro Penal y se nombró a un nuevo abogado. Tras múltiples presiones, los hermanos Robert Joan Maldonado Molina y Roztbert Daniel Maldonado Molina se declararon culpables y fueron condenados. Días más tarde, el 19 de agosto de 2020, fueron dejados en libertad bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.
El 2 de septiembre de ese año, la CIDH falló a favor de los hermanos Maldonado y condenó al Estado venezolano. En la sentencia ordenó a ese Gobierno adoptar «las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de Robert Joan Maldonado Molina. En particular, asegurando que tengan acceso a tratamientos médicos conforme lo señalado por las valoraciones médicas realizadas por las autoridades competentes»11 y a informar a la Comisión, en un plazo de quince días, sobre la adopción de las medidas cautelares.
Más de dos años después de la decisión de la CIDH, se desconoce la respuesta del Estado venezolano y hasta la fecha ningún funcionario ha sido detenido ni sancionado.
Acallar la prensa
El periodista Obeysser Prada Torres denunció en medios de comunicación que, según comerciantes de una feria de comidas rápidas en San Cristóbal, el viernes 24 de enero de 2021 funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES) y familiares de representantes del Gobierno regional ingresaron abruptamente a su venta de comida con armas largas y granadas, bajo los efectos del alcohol, y le propinaron una golpiza al vigilante, a los propietarios y a las personas que estaban allí.
De inmediato, Freddy Bernal citó a una rueda de prensa en la que advertía que, a través de labores de inteligencia, habían logrado descubrir una operación dirigida a ocasionarle daño a él, a Bernal, y a su familia, y que las acusaciones contra su hijo formaban parte de un plan consensuado de la oposición a través de medios de comunicación pagados para desacreditarlo.
9 Lozano, «Venezuela regresa a los racionamientos».
10 Prodavinci, «Activada segunda fase en Táchira».
11 Human Rights Watch, «Arremetida contra opositores».
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RAQUEL SÁNCHEZ
Abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Hace parte de la organización Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
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