En medio de la pandemia, el gobierno de Maduro ratificó la figura del protectorado en el estado de Táchira (una autoridad designada por el presidente y que corresponde a cargos que gestionan gran parte de los recursos y las competencias), a través de Freddy Bernal, quien participó en el golpe militar de 1992 y ocupó varios cargos políticos5. En 2020, Bernal le dijo al portal América Latina en Movimiento: «Táchira es una zona de guerra, uno de los territorios más recalcitrantes para reconocer la autoridad del gobierno bolivariano. El presidente Maduro me pidió que convirtiera a Táchira en una frontera de paz, y lo estamos haciendo. En dos años, hemos recuperado el control del territorio, y esto la derecha no lo puede soportar»6.
Los análisis de Foro Penal, tanto en Táchira como en las otras oficinas regionales de la organización, nos permiten afirmar que las detenciones arbitrarias y la estigmatización a activistas fue parte de la estrategia de «pacificación» de la frontera emprendida por el gobierno de Freddy Bernal. Muchas y muchos de los activistas fueron enjuiciados por cargos que abarcaban delitos de resistencia a la autoridad, asociación para delinquir, instigación al odio, rebelión y traición a la patria. El informe «Represión calculada», escrito por Foro Penal, el Centro para los Defensores de la Justicia y Amnistía Internacional, señala: «en 2019, la mayor parte de las detenciones que ocurrieron después de ataques contra personas defensoras fueron llevadas a cabo por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), seguidas de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim). Seguidamente se encontró que los distintos cuerpos de seguridad estatal y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ocuparon el tercer y cuarto lugar de cuerpos de seguridad llevando a cabo este tipo de detenciones»7.
En medio de este contexto de deterioro democrático, con prácticas autoritarias cada vez más recurrentes, y de una crisis humanitaria que ha provocado una migración sin precedentes en la historia del país, las y los defensores de derechos humanos hemos llevado nuestra parte. Decenas de organizaciones han monitoreado y documentado las violaciones que hemos sufrido al intentar hacer nuestro trabajo: violaciones que van desde las ya mencionadas detenciones arbitrarias y la estigmatización hasta la asfixia económica, la desacreditación y las conductas delictivas por parte de miembros de los organismos de seguridad del Estado.
A través de tres casos que expongo a continuación, quiero ejemplificar los riesgos a los que nos enfrentamos en el Táchira para garantizar la vida y los derechos de la ciudadanía.
Politizar el derecho a la salud
En medio de la crisis humanitaria provocada por las medidas del Gobierno venezolano, el 10 de febrero de 2019 el personal de salud decidió salir a manifestarse y exigir el ingreso de alimentos y medicinas a través de la frontera. Varios miembros del Hospital Patrocinio Peñuela Ruiz, perteneciente al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ubicado en San Cristóbal, se trasladaron al municipio Pedro María Ureña, en el sector de Tienditas, donde quedaba el centro de acopio de ayuda internacional para Venezuela. En medio de la protesta, Ysabel Teresa Zambrano Moncada, trabajadora del hospital y activista por el derecho a la salud, dio declaraciones al canal de televisión NTN24 en las que explicó los motivos de la manifestación y les exigió a las autoridades nacionales y del Táchira permitir el ingreso de insumos para pacientes que estuvieran graves de salud en el hospital.
Tres días después, en una operación encabezada por el protector Freddy Bernal Rosales, funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), funcionarios al comando de Zona 21 de la Guardia Nacional Bolivariana (al mando del teniente coronel Ochoa Sierralta) y miembros de la Fiscalía allanaron sin orden judicial el Hospital Peñuela Ruiz y detuvieron a siete empleados, entre los que se encontraban Ysabel Zambrano Moncada, la asistente de administración, cuatro asistentes de farmacia y un funcionario de la milicia bolivariana que cumplía labores de vigilancia. Además, fueron buscados y detenidos en sus viviendas el exdirector Huber Zambrano y la administradora del hospital, Laura Josefina Martínez.
Durante el operativo, Bernal anunció en Twitter: «En el Hospital del Seguro Social Patrocinio Peñuela Ruiz del #Táchira, hemos destituido a quien ejercía el cargo del director del mismo e incautado medicamentos valorados en 113.980 dólares para asistir a 400 pacientes con cáncer»8.
Ysabel Zambrano Moncada fue detenida inmediatamente. Estuvo incomunicada y fue expuesta en videos televisados por el canal del Estado Venezolana de Televisión: la señalaron de corrupta y afirmaron que, por su culpa, las y los pacientes no recibían tratamiento. El 30 de abril de ese año fue liberada bajo la condición de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales; antes de celebrarse la diligencia, Zambrano recibió presiones para declararse culpable e incluso se buscó apelar la decisión judicial de dejarla en libertad. Cuatro meses después, en el marco de una negociación con un ala de la oposición, previa a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, el gobierno de Nicolás Maduro incluyó a Ysabel en un decreto de indulto en el que concedió la libertad a cien presos y presas políticas del país. La organización Foro Penal llevó el caso y concluyó que las detenciones fueron arbitrarias, pues el Estado nunca presentó pruebas que demostraran lo alegado por las autoridades. El delito de Ysabel fue manifestarse por el derecho a la salud.
5 Lozano, «Venezuela regresa a los racionamientos».
6 Prodavinci, «Activada segunda fase en Táchira».
7 Human Rights Watch, «Arremetida contra opositores».
8 Human Rights Watch, «Arremetida contra opositores».
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RAQUEL SÁNCHEZ
Abogada y defensora de derechos humanos venezolana. Hace parte de la organización Foro Penal, una organización que brinda asistencia jurídica a personas detenidas arbitrariamente en Venezuela.
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