En 2021, habitar Tibú desde un cuerpo femenino se convirtió en una sentencia de muerte: 25 mujeres fueron amenazadas y, entre abril y mayo, 8 fueron asesinadas, entre ellas Nancy Yaneth Mejía Araque, activista de la Red de Mujeres de Ascamcat. Por WhatsApp circulaban videos donde aparecían 76 adultas, niñas y jóvenes, señaladas por su vida sexual, por abortar o por tener relaciones con miembros de la fuerza pública. «La agazapadita», «la comeviejos», «la santa de Calcuta», «la moza de la Policía» y «la comesoldados» fueron algunos de los insultos que acompañaron las fotografías8.
La ausencia de un paso formal entre Colombia y Venezuela ha propiciado la creación de más de 172 trochas usadas para transitar y fortalecer a los actores armados mediante economías ilegales. Son ellos quienes definen los lugares, los productos y las horas transitables, así como los vínculos sociales permitidos, pues uno de sus mandatos es no relacionarse con la fuerza pública. Frente al panorama de amenazas y miedos, 50 mujeres se desplazaron y el municipio comenzó a ser conocido como «la Ciudad Juárez colombiana» (ciudad fronteriza ubicada en el norte de México y que desde la década del noventa es reconocida mundialmente por los casos de feminicidio que ocurren allí).
«La zozobra era mucha y dijimos: “Tenemos que formar una red”. Y con esa red, los mismos esposos ayudaban a sacar a las mujeres vestidas de hombres y yo las recogía en la Y, y así las seguimos sacando», señala García. La labor humanitaria ha permitido reconocer a la fuerza pública como otro de los actores que ejerce violencia: «En 2021 sacamos a 46 mujeres amenazadas por estos grupos, a quienes se entrevistó e inmediatamente nos dimos cuenta de que estaban siendo utilizadas por la fuerza pública como informantes», agrega.
Cuando las integrantes de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz emprendieron la labor de salvar a las mujeres, empezaron a ser perseguidas por la fuerza pública. Sin embargo, siguen trabajando bajo una consigna: «Si callamos nos asesinan y si hablamos también, entonces hablamos para que el mundo sepa la verdad». En 2021 se manifestaron en la Gobernación de Norte de Santander; ante la ausencia de respuesta estatal, llegaron a Bogotá y frente al Ministerio de Defensa declararon que las estaban matando. «Mensualmente son tres o cuatro mujeres, a veces hasta diez, las que sacamos del territorio; la mayoría por amenazas de grupos al margen de la ley», dice García.
La defensa de los derechos humanos les ha costado amenazas y muertes. En junio de 2021, Carmen García interpuso una denuncia por el asesinato de Carmen Navas, fiscal especializada de Tibú, y posteriormente fue amenazada de muerte. Mientras estaba en una reunión, la llamó el secretario de Víctimas, Paz y Posconflicto de Norte de Santander, quien le informó de una alerta de homicidio contra ella. La lideresa tuvo que salir del territorio.
No obstante, las labores continúan. La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz –que también está conformada por familiares de integrantes de estructuras armadas ilegales– se ha encargado de rescatar a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual. La asociación elabora un documento y lo hace llegar a los actores armados, y logra, así, la entrega de los menores. Actualmente es reconocida por las estructuras armadas como una asociación de defensoras de derechos humanos y cuando tales estructuras están dispuestas a realizar liberaciones, la contactan. Asimismo, su liderazgo y compromiso ha hecho que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le permita el cuidado de los menores, mientras se les restablecen sus derechos con las instituciones pertinentes.
Tras la firma del Acuerdo de Paz, el reclutamiento, uso, utilización y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se agudizó, porque las estructuras armadas ilegales apelaron a él como estrategia para impulsar su expansión; entre 2017 y 2020 se registraron 37 casos de este fenómeno en Norte de Santander, nueve de ellos en Tibú, lo que ha posicionado al departamento como el décimo con más casos. Sin embargo, las cifras no reflejan el drama real, pues las familias no denuncian por temor a que los menores sean asesinados. Según líderes sociales del Catatumbo, entre marzo de 2020 y octubre de 2021, 25 menores fueron reclutados, 3 desaparecidos «y aproximadamente 50 jóvenes cuyas edades oscilan entre los 16 y 19 años se vincularon a los carteles del narcotráfico»9.
Las particularidades del territorio hacen que el trabajo de la Asociación de Madres del Catatumbo no culmine con la entrega de los menores. Las mujeres reconocen las rupturas del tejido social como una de las consecuencias del conflicto armado y les apuestan a los procesos de reconciliación. «Porque la guerra no es solo desarmar a los actores, es desarmar nuestros corazones y nosotros tenemos todavía nuestros corazones armados», dice García.
8 Caballero, «Feminicidios en Tibú».
9 Cotamo, «Comunidad del Catatumbo».
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DANIEL JULIÁN PARRA VILLAMIZAR
Comunicador social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Coordinador de la Oficina Frontera, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
Fundación Paz y Reconciliación, Colombia.
VIANY KATERINE HERNÁNDEZ ASCANIO
Comunicadora social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Antropóloga en formación, Fundación Universitaria Claretiana, Medellín. Investigadora regional, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
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