

Motilonas Rap, 2017
Tibú o «Casa del Trueno», como lo llama el pueblo barí, es uno de los once municipios que componen la subregión del Catatumbo. Limita al norte y al este con Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata, y al oeste con San Calixto, El Tarra y Teorama. Tiene once corregimientos, más de 180 veredas y alberga los resguardos Motilón-Barí y Catalaura-La Gabarra, donde se encuentran dos de las 25 comunidades barí: beboquira e isthoda. El territorio se caracteriza por sus tierras planas y es recorrido, entre otros, por el río Catatumbo, que, además de ser un símbolo de identidad, guarda la memoria de la desaparición forzada en la región, pues los paramilitares arrojaron en él los cadáveres de sus víctimas entre 1999 y 2005.
La subregión, lejos de ser reconocida por su diversidad biológica y su riqueza natural, se hizo visible por la presencia del Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los años noventa. La estructura paramilitar convirtió Tibú y El Tarra en referentes nacionales de masacres, desaparición, asesinatos y diversas modalidades de violencia que, a la fecha, no han cesado. Así, en mayo de 2016, tras el secuestro y la liberación de tres periodistas (Salud Hernández, Carlos Melo y Diego D’Pablos), el expresidente Juan Manuel Santos aseguró en el diario El Espectador que el Catatumbo era «una especie de Bronx»1.
La ubicación de Tibú se ha convertido en una desventaja para la seguridad, pues los actores armados han aprovechado que se encuentra en límites fronterizos y se bandean entre delimitaciones jurisdiccionales para evadir las autoridades de Colombia y Venezuela. Lo hacen mediante los más de 172 pasos informales que existen en el municipio. Y es que, desde que se cerró unilateral y provisionalmente la frontera en 2015, debido a la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, los actores armados han establecido en las trochas los controles y puestos migratorios. Infortunadamente, la sociedad civil quedó siete años a merced de la ilegalidad. La necesidad de cruzar o transitar la frontera se volvió un imperativo para todo aquel que deseara migrar del país o para quien sostuviera relaciones comerciales con proveedores o socios de ambas naciones.
Según una cifra estimada por el Ministerio de Defensa Nacional a través de su Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en lo corrido de 2022, en la ciudad fronteriza de Cúcuta, fueron aprehendidas mercancías en trochas por un total de $1.181.262.484 de pesos, cerca de 231.000 euros. Esto permite calcular cuánto, en términos económicos, se puede mover por los pasos informales de un municipio como Tibú, que no cuenta con puestos de control migratorio legal ni con presencia de la Policía Fiscal y Aduanera, y que, además, es 2,4 veces más grande que Cúcuta.
La firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno nacional y las FARC-EP tampoco ha logrado cesar la violencia. Los cultivos de coca en Tibú aumentaron un 72 % entre 2016 y 2021: pasaron de 12.7872 a 22.000 hectáreas3. Con la desmovilización de las FARC-EP y la continua ausencia del Estado, el Frente Héctor del ELN, el GAPF Frente 33 y el Cartel de Sinaloa actualmente ejercen control social, económico y político en el territorio. Lo anterior se refleja en las cifras: según la Unidad para las Víctimas, desde el inicio del conflicto y con corte del 30 de septiembre de 2022, el municipio concentró 9.720 víctimas de desaparición, homicidio y secuestro; es decir, el 17,2 % del total departamental y el 0,74 % del total nacional.
Frente a esto, algunas organizaciones de la sociedad civil le han apostado a la defensa de los derechos humanos y del territorio. Es el caso del espacio comunitario Diálogo de Convivencia por la Paz (Diaconpaz), una plataforma en la que convergen quince organizaciones sociales de Tibú y otros municipios del Catatumbo como Teorama y Convención. Se trata de un espacio de protección y autoprotección auspiciado por el Reino de Noruega y acompañado por la Fundación Paz y Reconciliación. Desde allí se gestan iniciativas enfocadas en la reconciliación, la convivencia y la no estigmatización. Algunas de las organizaciones que inciden positiva y constantemente en el territorio son la Asociación de Mujeres Barí, la Corporación Pride, la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, la Pre-Cooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz, la Asociación de Mujeres Víctimas y Vulnerables de Tibú y La Gabarra, y la Asociación de Mujeres Triunfadoras del Catatumbo.
Algunas de estas organizaciones han padecido y sobrellevado vejámenes de la guerra como amenazas, desplazamientos y secuestros. Así sucedió con la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz y con la Pre-Cooperativa Agroindustrial Semilleros de Paz, pues se ha intentado censurar y aminorar su trabajo social en la zona. Apostarle a la transformación del territorio se ha convertido en un riesgo para la vida. Entre el 1.o de enero de 2021 y el 1.o de junio de 2022, trece líderes y defensores de derechos humanos en Norte de Santander fueron asesinados, tres de ellos en la zona rural de Tibú: se trataba de un liderazgo de mujeres (Nancy Yaneth Mejía Araque, asesinada el 23 de noviembre de 2021, en Palmeras, Tibú), uno campesino (Gustavo Antonio Torres, asesinado el 26 de febrero de 2022, en Orú, Tibú) y uno indígena (Camilo Borou Bosachira Axducaracyara, asesinado el 30 de abril de 2022, en Higuerones, Tibú). Además, el 10 de septiembre de 2021, Rodolfo Galvis fue secuestrado por el ELN y casi un año después fue liberado.
«En el kilómetro 60 duré un año completo secuestrada por los paramilitares, porque la mujer de un primo escondió una plata y me echó la culpa; luego se dieron cuenta que eran ellos los que tenían la plata y me soltaron. Después salgo y el Ejército mata a mi esposo y empieza la persecución. La orden que había era asesinar a mis hijos y desaparecerme a mí. Me tocó cambiarle el nombre a uno de mis hijos, porque se llamaba igual al papá y más rápido lo conseguían; me tocó prestar un papá y registrarlo para salvarle la vida», cuenta Carmen García, fundadora de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz.
1 Barrio de Bogotá, denominado «república independiente del crimen» o «caldera del diablo» y que fue considerado, en algún momento, como el barrio más peligroso de Colombia (El Espectador, «El Catatumbo»).
2 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, «Colombia. Monitoreo… 2016».
3 Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, «Colombia. Monitoreo… 2021».
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Comunicador social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Coordinador de la Oficina Frontera, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
Fundación Paz y Reconciliación, Colombia.
Comunicadora social, Universidad de Pamplona, Cúcuta. Antropóloga en formación, Fundación Universitaria Claretiana, Medellín. Investigadora regional, Norte de Santander, Fundación Paz y Reconciliación.
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