“Si el gobierno de Cuba no está dispuesto a cumplir lo pactado, la UE no está sólo en el deber sino en la obligación de no ratificar el acuerdo”
Carta #27 de Eduardo Clavel Rizo para la UE.
En #CartasdeCubaparaUE el siguiente texto describe las restricciones y problemáticas que vive la gran mayoría del pueblo cubano respecto al ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión. Así mismo, el texto presenta una serie de recomendaciones en el marco de las relaciones internacionales entre Cuba y la UE para promover el desarrollo económico y social de todos los sectores de la sociedad cubana; y hace un llamado a la UE de exigir a Cuba el cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del PDCA.
Eduardo Clavel Rizo es un estudiante de sociología de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. No tiene filiación con ninguna organización política oficialista ni independiente.
Acuerdo Cuba-UE, la clave está en la sociedad civil
La imposibilidad del acceso a la información y la poca transparencia del periodismo oficialista constituyen las principales causas por las que los objetivos del acuerdo de diálogo político entre la Unión Europea y Cuba se han mantenido a la sombra de la opinión pública dentro de la isla.
En Cuba sólo los medios de prensa alternativos y el internet logran salvar del anonimato un hecho que podría ser trascendental para la paulatina democratización y la inserción de sectores históricamente desfavorecidos en los proyectos de desarrollo que se plantean. Esto sin caer en la sumisión ideológica que exige todo sistema de gobierno totalitario, donde los derechos individuales son sacrificados –aparentemente– en detrimento de un bienestar común que anula los valores y derechos privativos que posee todo ser humano.
Partiendo de esta primicia y atendiendo a que Cuba continúa siendo un país donde la segregación ideológica funge como un instrumento de subyugación que frena el empoderamiento ciudadano y el desarrollo de los hombres como seres racionales capaces de pensar y actuar por sí mismos, considero que la Unión Europea se encuentra en la obligación de realizar una mayor presión diplomática para obligar al gobierno de Cuba a cumplir de forma íntegra con el acuerdo –cosa que hasta hoy no hace– y para garantizar que los estatutos pactados sean del dominio de la ciudadanía. Esto permitirá un mayor acceso al conocimiento y más autonomía en lo relacionado con la defensa de garantías y derechos.
No es secreto que en cuanto a temas de esta índole se refiere, en Cuba existen patrones de criterios forzados, debido a que el ciudadano está inhabilitado para ejercer su derecho a la libre expresión, pues no goza del albedrío que garantiza la democracia al encontrarse su sociedad sometida a un riguroso sistema de control y extorsión política, que condiciona su lenguaje y sus ideas mediante mordazas económicas y adoctrinamiento educativo. Además de esto, el vivir en un mundo caótico plagado de ilegalidades y donde la corrupción es ley suprema, todo ciudadano se encuentra impelido a una vida al margen de la legalidad y el orden jurídico, por honrado que sea. De este modo se le puede vulnerar sus derechos sin que tenga la más mínima posibilidad de reclamar ante tribunal alguno, en un país donde el sólo hecho de respirar ya es en sí un delito.
Si la premisa de la Unión Europea es crear un clima de tolerancia que permita la reconstrucción del tejido democrático sin poner los intereses económicos sobre los principios del acuerdo, es necesario ante todo que realicen las pesquisas asiduas que garanticen su cumplimiento y, de arrojar irregularidades, no vacilar en revocar el acuerdo y volver a la posición común.
¿Qué debería hacer la Unión Europea para lograr una mayor inclusión e independencia de la sociedad civil con respecto a las instituciones que controla el PCC? Exigir sin ambigüedades el cumplimiento de los acuerdos, cosa que hasta hoy no se ha hecho, por lo menos de manera eficaz.
La Unión Europea debe crear programas y becas universitarias y para instituciones, a las que se tenga que acceder mediante concursos, sin dejar la decisión en manos de la burocracia administrativa de estos centros, ya que sólo enviarían a estudiantes comprometidos con la doctrina marxista, pasando sobre los aspectos cualitativos y la meritocracia.
Por otro lado, las organizaciones ligadas al gobierno tienen sus códigos de lealtad y su diseño las inhabilita para tener autonomía en sus decisiones, ya que son frutos de la mediocridad, el vasallaje y la incompetencia de un grupo de funcionarios que saben que la única opción que poseen de desempeñar tal puesto y gozar de los réditos que este proporciona es mantener su lealtad al sistema, por lo que todo vínculo con ellas resultaría estéril.
Sería de gran beneficio un mayor acercamiento de los diplomáticos y de la sociedad europea con la autóctona. Esto daría más garantías y legitimidad a las iniciativas populares o de sectores minoritarios desligados del Estado, que buscan alternativas independientes que les permitan obtener recursos y medios para fomentar proyectos culturales, educativos y de formación ciudadana, como cursos de liderazgo, talleres de empoderamiento ciudadano y de autoayuda que permitan crear una cultura cívica y ayuden en la onerosa labor de rescatar los valores perdidos por muestra sociedad.
La Unión Europea debe apostar por el financiamiento de iniciativas de ONG que puedan llevar de manera mucho más honrada y trasparente la ayuda humanitaria y las donaciones a los desposeídos. Esas ONG deben estar trabajando para crear oportunidades económicas mediante proyectos comunitarios en los sectores que hoy sufren de marginación y enajenación, ya sea por parte de la propia política del sistema o por los rescoldos de racismo y las diferencias de clases que cada día se acentúan más. Producto de esa marginación se ha ido creando una desigualdad que empuja a los sectores más desfavorecidos a la prostitución, la delincuencia y las drogas como único medio de subsistencia, y se ha ido excluyendo a miles de jóvenes y negándoles la oportunidad de inserción en la sociedad.
La Unión Europea debería forzar al gobierno a realizar una apertura mucho más pletórica en lo concerniente a lo económico y social. Esa apertura debe garantizar, por un lado, un desarrollo progresivo en el sector privado, concediendo una mayor autonomía para que se pueda comerciar sin la intervención de los aparatos administrativos y burocráticos del Estado, que frenan el emprendimiento e imponen barreras legales para impedir la independencia económica y el florecimiento de este sector. Por otro lado, debe garantizar un mayor respeto y tolerancia con respecto a las organizaciones de carácter independiente que se dedican a monitorear y denunciar los casos de violación a los derechos humanos, que a diario sufren el descrédito, la estigmatización, las medidas coercitivas y la violencia de los sectores militares, hechos que se podrían catalogar como terrorismo de Estado.
Sería ideal forzar al gobierno de Cuba a crear una o más zonas francas para el comercio, que servirían como mercados mayoristas y serían una excelente estrategia para luchar contra el mercado negro del que se nutren casi todos los negocios privados. Esta medida ayudaría a eliminar la espada de Damocles que imposibilita al sector privado de crear sindicatos independientes y poder manifestar, mediante un paro o una huelga, su descontento con el alza de los impuestos o motivos de cualquier otra índole que resulten perniciosos para el desempeño de su negocio o su vida.
No creo que el distanciamiento sea la mejor solución. El aislamiento social es una estrategia que le ha funcionado a los regímenes marxistas y, de hecho, es de las más eficaces sobre todo si el objetivo es mantener a los hombres ajenos a la realidad, como bien lo ejemplifica Platón en el mito de la caverna. Pero, indiscutiblemente, tampoco es favorable que los acuerdos no posean la vigencia necesaria y tengan como único objetivo –como hoy sucede– oxigenar un régimen arcaico y decadente que mantiene a su sociedad al margen de todo cuanto acontece.
Si el gobierno de Cuba no está dispuesto a cumplir lo pactado, la Unión Europea no está sólo en el deber sino en la obligación de no ratificar el acuerdo. Esto queda a juicio del comisionado encargado de fiscalizar el cumplimiento del acuerdo.
La sociedad cubana, sobre todo la juventud, está ávida de esperanzas y necesitada de la fe que le puede proporcionar el acercamiento y el apoyo de naciones que, sobre las bases del respeto al derecho internacional, han conquistado para sus pueblos los más elementales derechos, por lo que hoy constituyen paradigmas a seguir por las naciones que aún sufren el tener que vivir bajo regímenes autoritarios y despóticos, donde la corrupción o la tiranía ha creado una costra entre los poderes volviéndolos indivisibles.
El fundamentalismo ideológico de la doctrina comunista es conocido a fondo por muchos de los países que hoy forman parte de la Unión Europea y que, en un pasado no tan lejano, fueron víctimas de este sistema monolítico. Bastaría mencionar genocidios como la matanza de Katyn o las hambrunas que le costaron la vida a millones de personas; los campos de concentración (GULAG), donde fueron confinados disidentes o inocentes; las purgas stalinistas; el muro de Berlín, donde era asesinado como bestia todo ser humano que pretendía escapar al holocausto espiritual y humano, que es el andamiaje sobre el que se levanta todo sistema totalitario que en nombre de la humanidad deshumaniza a los individuos y los provee de una cultura de odio y de un ideal irracional.
La humanidad parece que ha decidido cerrar este capítulo y ha dejado a Cuba como marcador histórico, para recordarle al mundo las consecuencias del comunismo. A eso nos han confinado, a ser el museo vivo del totalitarismo. Sólo falta que nos declaren patrimonio inmaterial de la humanidad. Sesenta años de sufrimiento es demasiado tiempo. Creo que ya es hora de que los países no sólo de Europa sino de todo el mundo, tomen una posición determinante y ayuden al pueblo de Cuba a recuperar su dignidad.
Eduardo Clavel Rizo
