La UE y los Estados parte deberían darle real importancia a las violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba

Carta #3 de Alberto Fumero para la UE.

A principios de este mes se llevó a cabo el segundo diálogo político entre el gobierno de Cuba y la UE en materia de derechos, en el marco de la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea (PDCA). El objetivo del diálogo es promover un espacio para discutir abiertamente la situación de derechos humanos, tanto en Cuba como en la UE. Sin embargo, pese al diálogo y a la cooperación entre ambos gobiernos las violaciones a los derechos humanos dentro de Cuba continúan ocurriendo de manera sistemática. Civil Rights Defenders invitó a la sociedad civil cubana a exponer sus posturas sobre el PDCA y su implementación.

A continuación, les presentamos el escrito enviado por Alberto Fumero Batista, abogado especialista en Derecho Penal y miembro de la Asociación Jurídica Cubana. Su trabajo se centra en brindar asesoramiento jurídico a individuos y organizaciones de la sociedad civil cubana.

Acuerdo UE-Cuba, hasta qué punto implicados

Para hacer un análisis o valoración del Acuerdo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, habría que preguntarse primero hasta dónde las partes se sienten comprometidas con su cumplimiento, porque no sería ni la primera ni la última ocasión en la que la letra de una norma o acuerdo, sus bases o contenido esencial, queda a una distancia abismal de su aplicación práctica. De ahí el viejo adagio popular que refiere que el papel lo aguanta todo.

Hago esta reflexión porque la redacción del acuerdo, aunque ambigua en algunos aspectos, de manera general es muy atinada y precisa al definir sus objetivos y las razones que dieron origen a su creación; especialmente a la necesidad de actualizar en un nuevo contexto internacional las relaciones de la isla con el bloque comunitario luego de poner fin a la llamada posición común que dirigió esta política por todo un decenio.

De hecho, resulta positivo que así sea, máxime cuando nuestro país, que ha sido perseguido por años por una política de desgaste económico por parte de los gobiernos de Estados Unidos, necesita hoy más que nunca el desarrollo de su economía. Y para ello se hace necesaria la atracción de capital extranjero y la modernización de su industria. Todo lo cual se iría logrando, sin dudas, con la conformación de este acuerdo; que también beneficia al bloque comunitario, que va ocupando posiciones geoestratégicas a futuro y aumentado su ámbito de influencias en el área del Caribe.

Pero existen otros temas incluidos en el acuerdo, como la situación de los derechos humanos y su protección por cada una de las partes, que tienden a ser un poco más difíciles de manejar sobre todo para Cuba. En su condición de gobierno dictatorial y acostumbrado a violarlos permanentemente, se torna incapaz de una propuesta coherente encaminada a erradicar las constantes violaciones de derechos fundamentales en su territorio, consciente de carecer de la voluntad política necesaria para dar solución al tema.

Si las partes realmente están interesadas en darle al asunto la prioridad que merece, deberían ser más responsables en el monitoreo sistemático de tales violaciones en Cuba. Durante el período de conversaciones para proponer el acuerdo al Parlamento Europeo ocurrieron muchas violaciones y todo parece indicar que no tuvieron el peso suficiente para retirar el acuerdo de la mesa de negociaciones o, simplemente, primaron otros intereses al darle su aprobación. Lo cierto es que la persecución y el acoso permanente contra miembros de las organizaciones independientes de la sociedad civil cubana, comprometidos con los ideales de una verdadera sociedad democrática, continúa siendo la regla y no la excepción en el actuar de los órganos represivos del gobierno cubano.

Al menos una docena de los derechos refrendados en el articulado de la Declaración Universal de los Derechos Humanos son violados de forma sistemática en nuestro país. Además, no existen garantías jurídicas para reclamar su protección o restitución cuando son vulnerados. Entre las tantas violaciones que se cometen a diario en Cuba por razones ideológicas destaca la falta de libertad de pensamiento y conciencia; de expresión u opinión; de un juicio justo con jueces independientes e imparciales; la libertad de viajes y residencia en cualquier país del mundo, incluido el propio; de manifestación y asociación pacíficas; y otras garantías como la de no ser objeto de tratos crueles e inhumanos ni de detenciones arbitrarias. Una verdadera vergüenza en pleno siglo XXI.

Ahora mismo, más de un centenar de compatriotas miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y de la sociedad civil independiente de la isla, luego de haber reclamado infructuosamente ante todas las instancias administrativas y sin poder acudir a la vía judicial, han creado un grupo en las redes sociales al que denominan “regulados”. En esa denominación se incluye buena parte de los cientos de cubanos que tienen prohibición de viajar al exterior por razones políticas; o sea, por manifestarse en contra del gobierno cubano y sin ninguna resolución judicial que ampare tal decisión.

Este es el contexto en el que se pretende la aprobación definitiva del acuerdo en cuestión.

Sus promotores tratan que se sumen al proyecto los países que aún no lo han ratificado. En ese caso, quedaría pendiente la interrogante de si la Unión Europea se siente a gusto concretando acuerdos con países flagrantes violadores de los derechos fundamentales y libertades civiles de sus ciudadanos. A juzgar por los antecedentes, no parece molestarle en lo más mínimo pero, acaso, permitiría tal licencia a alguno de sus miembros dentro del bloque comunitario. Evidentemente, la respuesta sería negativa porque lo contrario implicaría olvidar a personajes tristemente célebres como Hitler, Franco, Salazar y otros dictadores que azotaron a Europa durante el pasado siglo.

¿Cómo interpretar, entonces, la forma desenfadada y en señal de júbilo con que posaron ante las cámaras de televisión la alta comisionada para la política exterior del bloque, señora Federica Moguerini, y nuestro “flamante” canciller Bruno Rodríguez Parrilla?

Se mostraron eufóricos por el avance en los nuevos acuerdos sobre la política del bloque con respecto a Cuba. Evidentemente, sin importarles que en cada momento de sus conversaciones algún cubano era detenido arbitrariamente en cualquier lugar de la isla o era allanada su morada e incautados sus bienes y medios de trabajo, era citado a una unidad de la PNR para realizarle un acta de advertencia por su conducta irreverente o, incluso, era acusado por cualquier delito común para enmascarar la verdad que sirve como denominador en todos los casos: la oposición al gobierno y el manifestarse o expresarse en su contra.

¿Acaso, les interesa a los señores mencionados la protección o salvaguarda de los derechos humanos en Cuba cuando decenas de compatriotas son ofendidos en su honor, tildados de mercenarios, de apátridas, de mal nacidos, mal pagados y no se sabe cuántos improperios por el simple hecho de tener diferencias ideológicas? ¿Y por qué la alta comisionada nunca recriminó esto a Cuba si la protección de los derechos humanos y las libertades de los ciudadanos siempre ha sido parte del acuerdo?

Por suerte, alrededor de dos millones de cubanos, entre abstenciones, votos en contra, boletas en blanco o anuladas, se manifestaron en contra de una constitución que, más que perder su propia condición y razón de ser como Ley de leyes, ha sido convertida en un instrumento más de dominación y concentración de poder además de un monumento a la intolerancia y la exclusión por razones ideológicas.

Igualmente contamos, por suerte, con hombres como José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y ferviente luchador por la libertad y los derechos fundamentales de los cubanos, que un día fue preso de conciencia y que hoy por voluntad propia se mantiene firme en sus ideales y apostando por un futuro mejor para Cuba, aunque ello implique estar separado de su familia.

También contamos con Alejandro González Raga, exrecluso por motivos de conciencia como el anterior y ambos del grupo de los 75, siendo desde el exilio en España uno de los principales líderes y artífice fundamental del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. A pesar de sufrir las consecuencias del exilio, entre las que se encuentra la imposibilidad de viajar a su natal Camagüey para visitar los restos de sus seres queridos y rendirles tributo, mantiene igualmente sus convicciones y se erige como uno de los principales veladores de las violaciones de los derechos humanos en Cuba.

La lista de las personas de bien que anhelan un futuro mejor para nuestra patria es interminable, afortunadamente.

Y, ya que hablamos de lista, la Unión Europea debería tomar nota de la carta abierta dirigida a la alta comisionada de derechos humanos, excelentísima señora Michel Bachelet, firmada por miles de cubanos y en la que se le invita a nuestro país para interesarse por la situación de los derechos humanos en la isla.

En conclusión y, volviendo al tema que nos convoca: Si me pidieran una sugerencia con respecto al acuerdo político y de cooperación, le pediría a los que aún no lo han ratificado que no lo hagan. Más importantes que el comercio y las ganancias son los principios y valores fundamentales que sirven de base a las sociedades modernas y, entre los más importantes, se encuentran los derechos humanos.

En mi humilde opinión, quien los viole con tal sistematicidad y ligereza no merece ser parte de acuerdo alguno.

Alberto Fumero Batista