

El 19 de febrero de 2022, las disidencias de las FARC-EP, a través de un carro bomba detonado contra el edificio Héctor Abril, en el municipio de Saravena, atentaron contra los líderes del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente. Una persona murió y varias resultaron heridas, situación que ocasionó algunos desplazamientos de los líderes, en su mayoría hombres. Una lideresa, cuya pareja fue víctima del atentado, nos dijo: «La mayoría de las lideresas se quedaron. No tenían apoyo económico. Las que se quedaron tuvieron que rebuscarse para las familias y para sus compañeros: se les triplicó la carga. Sacar a la mujer es sacarla con sus hijos o con su mamá o con su familia, en cambio el hombre se va solo y aquellos que murieron en el conflicto… pues, las mujeres son las que asumen las cargas económicas». Las medidas de protección para los líderes no están diseñadas para las mujeres, ya que salir del territorio implica dejar las familias a la deriva. Muchas de estas mujeres están solas, mientras que el hombre líder tiene la posibilidad de desplazarse y dejar el hogar al cuidado de su mujer.
En esta nueva disputa, la frontera no se ha visto como un lugar seguro para desplazarse, como se hacía antes, sino que se ha convertido en un espacio de riesgo. Las personas en Arauca ya no pueden salir y buscar refugio, y muchas familias han tenido que quedarse y vivir la violencia y el confinamiento.
Tras el cierre de la frontera en 2015 se han agudizado las relaciones sociales en el territorio y los grupos armados han aumentado su control. Los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC-EP y la Guardia de Venezuela, en La Victoria –frontera con el municipio de Arauquita, en marzo de 2021– causaron el desplazamiento de cerca de cinco mil personas11. Adicionalmente, las mujeres en la frontera están expuestas a la trata de personas: la explotación de la prostitución ajena y otras formas de explotación sexual son constantes y la situación de vulnerabilidad de las mujeres migrantes es un foco para su captación y posterior explotación. Una lideresa ubicada en el río Arauca nos dijo: «En esa zona con el río les pasaban miles de cosas a las mujeres, se las llevaban, las violaban, se llevaban a las que eran muy bonitas y uno no las volvía a ver. Yo trataba de cuidarlas cuando dormía ahí. Por mi situación, me llevaron a vivir a otro sitio y cuando yo llegaba al otro día ya no estaban; al siguiente día yo pasaba y la gente agachaba la cabeza, eso para mí era muy difícil. Yo tenía que ver cómo las maltrataban. Les ayudaba a denunciar: un día llegué y estaban abusando de una chica, y pues yo me la llevé para el hospital y logré quitárselas».
Según el Ministerio de Defensa, 600 soldados fueron enviados a los sectores de Puerto Nariño, Aguachica, Botalón y La Paz para contrarrestar el conflicto entre las disidencias de las FARC-EP y el ELN12. El incremento de la fuerza pública en el territorio –especialmente en las zonas rurales– ha puesto en riesgo a las mujeres: riesgo de sufrir algún tipo de violencia por parte de este actor o de ser vistas como un riesgo por parte de los grupos armados, que las ven como posibles informantes o las juzgan por estar involucradas emocionalmente con miembros del Ejército.
Las lideresas han intentado denunciar las violencias, pero ello ha causado amenazas y muchas de ellas dicen que han debido trabajar en silencio. Una lideresa en la zona del río Arauca nos dijo: «Inicié a hacer liderazgos mientras peleaba por mi caso. Estaba ayudando a otras, nos empezamos a reunir, empezamos a capacitarnos y llegó la pandemia. Yo seguía con mi liderazgo. Empezó a llegar la cooperación, a hacer incidencia en el río y marchamos también en contra de la violencia hacia la mujer en el año 2020. Un día me llevaron al otro lado, me empezaron a amenazar y maltratar y los actores armados me dijeron que yo les estaba dañando el parche y que no me mataban porque había ayudado a mucha gente y tuve que irme de Arauca».
Una lideresa trans nos dijo: «Ser lideresa es algo que no es fácil, atemoriza, vivimos con miedo a que nos llegue un día de estos una amenaza o nos hagan algo, pero también nos impulsa el reconocer nuestra identidad, llegar a cambiar imaginarios en el territorio. Por el activismo que hacemos, rompemos con el pensamiento de que somos solo putas o peluqueras, que somos las problemáticas, y hemos venido cambiando esa perspectiva. Acá nos acompañamos, tenemos una construcción conjunta de las mujeres».
Las mujeres trans y las mujeres lesbianas que ejercen el liderazgo en un territorio como Arauca viven bajo unas condiciones familiares y sociales muy complejas. Muchas de ellas han tenido que salir de sus casas desde muy pequeñas, han estado expuestas al trabajo sexual, al conflicto armado y han tenido que formar una nueva familia. Esa familia se ha instituido desde una perspectiva de frontera en el marco de la migración de venezolanas a Arauca que buscan nuevas oportunidades. Una mujer trans proveniente de Maracaibo, que migró hacia Arauca, nos compartió su historia: «En Venezuela, desde niña me vestía de mujer, pero a escondidas; siempre tuve el rechazo de mi familia, nunca me aceptaban como yo era. Yo en sí hice mi tránsito acá en Arauca, porque allá, por mi familia, me tocaba a escondidas: eso era una paliza fija que me daban. Entonces decidí aceptarme como soy y mi familia ya me acepta. En marzo de 2017 me vine para acá. En Venezuela para mí fue horrible, porque ellos no pueden ver a una chica trans porque le lanzan piedras, la atacan. Allá el machismo es terrible».
Las organizaciones de mujeres LGBTIQ+ cuentan con una motivación que nace de experiencias personales, pero su activismo todavía es difícil de ejercer en una sociedad que juzga, señala, agrede y se niega a la expresión del amor. Una lideresa de la Fundación Dignidad Trans, en el municipio de Arauca, nos dijo: «Nosotras construimos en pandemia, puesto que había una necesidad: se presentaban casos de transfobia. En esa pandemia quedamos a la deriva… las mujeres trabajadoras sexuales, si tenían para el arriendo, no tenían para la comida. Teníamos un colectivo, pues el Estado solo respondía con un mercadito, pero ¿dónde estaba la vivienda de las chicas trans? ¿El estudio, la salud mental y física? Los funcionarios y la fuerza pública no tenían ni idea de cómo abordar a una chica trans. Nos constituimos y dijimos: “Nos escuchan o nos escuchan”. Esto nos ha permitido capacitar varias entidades, entre esas a la fuerza pública y al sector de la salud. Cuando empezamos las actividades en escenarios públicos, al principio la gente nos tiraba bolsas de agua, nos gritaba cosas, y nos tocó pedir apoyo de la fuerza pública».
11 Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, «Violencias».
12 Observatorio de Derechos Humanos, Violencia y Conflictividades (Foidhd), «Informe situacional».
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Administradora de empresas y especialista en Gerencia Social. Adelanta la Maestría de Paz, Desarrollo y Ciudadanía de la Uniminuto. Feminista e investigadora social.
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