La UE debe garantizar que el gobierno cubano respete los principios de derechos humanos y democracia establecidos en el PDCA
Carta #2 de Rosa María Payá para la UE.
El día de hoy en Bruselas se dió lugar al diálogo político en materia de derechos humanos entre la sociedad civil cubana y la sociedad civil europea, en el marco del PDCA entre Cuba y la UE. El diálogo tiene como objetivo el intercambio de ideas en materia de derechos humanos, y abordar temas y aspectos de interés común, identificando así buenas prácticas y áreas de cooperación. Sin embargo, el gobierno cubano ha impedido que miembros y organizaciones de la sociedad civil, tanto europea como cubana, que no están en línea con los intereses de dicho gobierno participen en el diálogo.
A continuación, les presentamos el escrito enviado por Rosa María Payá y promotores de Cuba Decide. Rosa María Payá es una activista enfocada en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos. Además, es promotora de la plataforma Cuba Decide, una iniciativa ciudadana que busca cambiar el sistema político de Cuba, a través de la realización de un plebiscito para la transición a un sistema democrático en la isla.
Acuerdo UE-Cuba: El camino a la democracia es ahora
El Consejo de la UE firmó el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (PDCA) con el gobierno cubano en diciembre de 2016. El Parlamento Europeo aprobó dicho Acuerdo en julio de 2017. Y muchos Estados miembros han ratificado el Acuerdo sin criticar al sistema político totalitario cubano, ni las prácticas represivas del gobierno.
Sin embargo, en noviembre de 2018 el Parlamento Europeo aprobó una resolución condenando las violaciones de derechos humanos perpetradas por el gobierno cubano y pidiendo a “la VP/AR Federica Mogherini que reconozca la existencia de la oposición política al gobierno cubano y que apoye la inclusión en el diálogo político entre la Unión y Cuba; recuerda a las instituciones europeas que la sociedad civil y los galardonados con el Premio Sájarov son agentes clave para la democratización de Cuba, y que su voz debe ser escuchada y tenida en cuenta en el marco de las relaciones bilaterales; pide, en ese sentido, a todos los representantes de los Estados miembros de la Unión que, durante las visitas que realicen, aborden las cuestiones preocupantes en materia de derechos humanos con las autoridades cubanas, y que se reúnan con los galardonados con el Premio Sájarov cuando visiten Cuba, a fin de garantizar la coherencia interna y externa de la política de la Unión en materia de derechos humanos”.
Antes y después de la aprobación de dicha resolución, la VP/AR Federica Mogherini y los negociadores designados por ella, fallaron en reconocer e incluir a la oposición y a la sociedad civil cubana no controlada por el gobierno en Cuba en el marco del diálogo político. Lo que es aun más grave, las visitas de la Sra. Mogherini y sus declaraciones sobre Cuba han servido a la dictadura para encubrir la ausencia de derechos civiles, políticos, económicos y culturales en el país.
Esta concesión al gobierno cubano se hace patente en el Informe Anual del EEAS sobre Derechos Humanos y Democracia en el Mundo en 2016, que describe al régimen de gobierno en la isla con el absurdo de que: “Cuba es una democracia de partido único, con elecciones que se realizan a nivel municipal, provincial y nacional”. Dicho enunciado fue repetido públicamente por la Sra. Mogherini en una de sus visitas a la isla.
La posición del EEAS, unida al hecho de que los gobiernos europeos abandonaron su posición anterior de condenar las violaciones de derechos humanos, de exigir reformas democráticas en Cuba y mantener sus embajadas en la isla abiertas a la oposición y a la sociedad civil independiente, tal como lo hizo la Posición Común de la UE sobre Cuba en 1996, es usada por el gobierno cubano para intentar legitimar sus acciones.
Acciones tan graves como:
–La transición ilegítima que llevó al Sr. Díaz-Canel a la posición de jefe de estado en abril de 2018, mediante la ejecución de un proceso donde persistieron condiciones que impidieron la genuina participación política de la ciudadanía. La selección y elección de los delegados a la Asamblea Nacional y las Asambleas Provinciales no cumplieron los mínimos requisitos exigibles, necesarios para un proceso libre, justo y transparente, y se estableció que el general Raúl Castro encabezaría las “decisiones de mayor trascendencia para el presente y el futuro de la nación”.
–Un referéndum constitucional fraudulento en febrero de 2019, que no cumplió con las garantías y estándares internacionales necesarios de un proceso libre, justo y transparente, y que estuvo marcado por la violencia gubernamental contra los ciudadanos que hicieron campaña contra la aprobación de la nueva constitución.
–La imposición de una constitución que adoleció de la falta de una consulta nacional adecuada, que garantiza que el Partido Comunista conserve su poder a perpetuidad, que refuerza la propiedad estatal centralizada y la economía controlada, donde el sistema de partido político único se declara “irrevocable” en el Artículo 4, y el Artículo 229 declara que se prohíbe a las generaciones actuales y futuras alterar la irreversibilidad del socialismo, así como el actual sistema político y social.
–La imposición de una nueva Ley Electoral diseñada para impedir la libre expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos cubanos y para evitar su participación efectiva en las elecciones. Las autoridades gubernamentales cubanas, incluidas las electorales, continúan actuando de manera coercitiva y arbitraria y violando sistemáticamente los derechos civiles y políticos del pueblo cubano, especialmente la labor pacífica prodemocracia de los miembros de la sociedad civil independiente y los presos políticos.
–La violencia policial y persecución política contra la sociedad civil y la ciudadanía, ejemplificada en las decenas de allanamientos realizados por militares con armas largas en contra de los hogares de los miembros de UNPACU y los promotores de Cuba Decide en lo que va del año 2019; la violencia policial contra las manifestaciones de las Damas de Blanco, los miembros de la oposición y los activistas LGTBI.
–La expatriación forzosa de varios activistas que fueron obligados por agentes del Estado, bajo amenaza de muerte, a abandonar el país de manera arbitraria, como fue el caso en febrero de 2019 de la violenta expulsión hacia Guyana, en medio de un arresto, de Eliecer Góngora, un miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide.
–Miles de arrestos arbitrarios y miles de condenados por “peligrosidad predelictiva”, unido al encarcelamiento de activistas civiles, religiosos, periodistas, y defensores de derechos humanos, lo que ha aumentado a 130 el número de prisioneros políticos y de conciencia documentados hasta julio del año 2019.
–La injerencia del régimen cubano en los asuntos internos de varios países latinoamericanos, como lo demuestra la presencia de personal de inteligencia cubano en las unidades militares venezolanas y el espía cubano descubierto mientras realizaba monitoreos ilegales en la base aérea militar de Paloquemao, Colombia.
Desde diciembre de 2016 hasta hoy, no ha trascendido que ninguno de los hechos anteriormente mencionados haya sido ni siquiera abordado en las conversaciones entre la UE y Cuba, mientras en varios aspectos se han recrudecido las condiciones de vida y la situación de los derechos humanos en Cuba.
Es tiempo de que la Comisión y su rama de política exterior, el EEAS, declaren cuáles reformas deben de implementarse en Cuba para que el gobierno cubano respete los principios de derechos humanos y democracia establecidos en el PDCA. El problema principal del Acuerdo es que no especifica que la democracia y el respeto por los derechos humanos son objetivos a lograr mediante la cooperación y el diálogo político y, en cambio, sólo los describe como principios en los que se basa el Acuerdo. Esto es un gran paso atrás en la política exterior Europea hacia la isla, dificulta la evaluación de los resultados del Acuerdo y las partes involucradas hasta ahora evitan explicar qué cambiará durante los próximos años. Por lo tanto, se hace imposible determinar si el gobierno cubano está o no está cumpliendo con el Acuerdo. Por lo tanto, es urgente que se establezcan condiciones para la implementación inmediata de este Acuerdo o, de lo contrario, se suspenda su implementación.
Mediante el empleo del proceso de ratificación, los Estados miembros pueden resaltar este problema y solicitar a la UE que aclare cuáles cambios se esperan lograr. Esto es un imperativo ahora, cuando la represión del gobierno cubano no electo por sus ciudadanos ha aumentado, y cuando la participación del aparato de inteligencia cubano en el colapso de la democracia venezolana está bien documentada y ha sido denunciada por el Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Considerando todo lo anterior, es vital que el recién electo Parlamento Europeo, la nueva Comisión de la Unión Europea, el nuevo Alto Representante para Asuntos Exteriores y los Estados miembros de la Unión Europea, no continúen con la implementación del Acuerdo a menos que:
- Aclaren qué reformas concretas pide la UE en el diálogo sobre derechos humanos con el gobierno cubano y se evalúe cómo las mismas están progresando. Las reformas deben ser al menos estas:
- Liberación de todos los presos políticos y cese total del hostigamiento de la Seguridad del Estado contra los defensores de derechos humanos cubanos y la ciudadanía.
- Reconocimiento del derecho de los ciudadanos cubanos a cambiar el sistema político de su país a través del ejercicio del voto libre, así como el de “determinar su propio sistema político, económico, social y cultural”, según lo establecido en la Declaración de Viena, adoptada por el gobierno cubano y los Estados miembros de la Unión Europea en 1993.
- Celebración de un plebiscito vinculante en la isla acerca del cambio del sistema político, para permitir la participación del pueblo cubano en elecciones libres, justas y multipartidistas.
- Reformas legales para garantizar la libertad de prensa, asociación y manifestación.
- Ratificación del ICCPR y el ICESCR.
- Reconozcan de manera pública que la actual Asamblea Nacional y todos los cargos electos del poder ejecutivo en Cuba son ejercidos de manera ilegítima porque los procesos electorales no cumplieron con los mínimos exigibles y, por tanto, el gobierno cubano debe someterse a la voluntad popular y comenzar las reformas políticas que den lugar a elecciones libres, justas y plurales.
- Aclaren que la contribución de la UE al diálogo político y la cooperación con el gobierno cubano debe ser específica en la redacción e implementación de las leyes y reformas. Si el gobierno cubano no inicia las reformas en seis meses, la UE debe abandonar el PDCA, ya que el gobierno cubano estaría incumpliendo los principios básicos de democracia y derechos humanos establecidos en el Acuerdo.
Comenzar a cooperar con la prensa y la sociedad civil independientes cubanas como en cualquier otro país; es decir, invitar a los miembros de la sociedad civil a las discusiones formales sobre la implementación del Acuerdo, contribuir al financiamiento de las organizaciones de la sociedad civil, invitar a los periodistas independientes a conferencias de prensa, y denunciar públicamente las violaciones de derechos humanos por motivos políticos. El EEAS también debe dejar claro que no habrá contribuciones financieras para las organizaciones oficiales cubanas ni las agencias estatales mientras el gobierno cubano no respalde públicamente las reformas mencionadas anteriormente, las que son necesarias para la democratización.
Rosa María Payá y promotores de Cuba Decide
