Para entender cuáles y cómo deberían ser las relaciones entre Cuba y la UE es necesario entender la historia cubana

Carta #4 de Amado Calixto para la UE.

Continuando con nuestra serie de #CartasdeCubaParaUE el siguiente texto nos expone una breve historia de Cuba para entender cuáles y cómo deberían enfocarse las futuras relaciones entre Cuba y la UE. El texto hace un llamado para que la UE entable relaciones directas con la sociedad civil cubana, particularmente aquella sociedad civil que promueve y defiende la democratización y el respeto por los derechos humanos dentro de la isla.

Amado Calixto es abogado con magíster en criminología. Fue juez de la República de Cuba y actualmente es el director de la Asociación Jurídica Cubana.

Acuerdo UE-Cuba contra represión permanente

Cualquier análisis sobre las relaciones entre Cuba y la Unión Europea conlleva una explicación sobre los antecedentes de la isla y sus relaciones con otros países. Esto haría más fácil entender cuáles y cómo deberían ser las relaciones futuras entre la UE y Cuba.

Desde sus inicios, la isla sostiene relaciones comerciales y de subordinación directa con Europa. Fue la última colonia en América en obtener la independencia de España y sus relaciones culminaron en 1899.

Desde 1901 a 1959 con el nacimiento de una república mediatizada, las relaciones se desarrollan con Estados Unidos. Las estadísticas y reportes de la época describen el florecimiento económico y el desarrollo social alcanzado, que se trunca y termina paulatinamente después del triunfo de la Revolución de 1959.

Se impone un sistema político socialista, o estalinista, con una estatización y, en ocasiones, cooperativización de los medios de producción que ha hecho colapsar la economía.

Durante sesenta años el Partido Comunista, dirigido primero por Fidel y hasta hoy por su hermano Raúl Castro, han encaminado a su conveniencia las relaciones del país; primero con la URSS y el campo socialista, que terminó con su derrumbe de 1989, y luego con otros.

La próxima tabla de salvación fue la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela con la que se establece una “alianza estratégica” entre los dos países en los sectores económico y político.

En nuestros días existe un desastre económico en Venezuela, propiciado por el gobierno de Nicolás Maduro. Esto ha hecho que el gobierno de Cuba busque desesperadamente nuevos escenarios económicos, más que políticos.

Cuba mantiene estrechas relaciones políticas con Venezuela, China, Rusia, Bolivia, Nicaragua, España, y México, entre otros países.

La Unión Europea, a través de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, recoge todos los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de los ciudadanos europeos y de todas las personas que viven en el territorio de la Unión, que también tienen esa garantía.

Los derechos fundamentales son la dignidad, la libertad la igualdad, la solidaridad, la ciudadanía y la justicia; los cuales ya se recogen en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, en la Carta Social Europea del Consejo de Europa, en la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores y, a su vez, en las propias constituciones de los Estados miembros de la Unión y en otros convenios internacionales que han firmado los Estados de la Unión Europea.

La falta de libertades en Cuba y el extremismo de su gobierno han llegado al punto de encarcelar a activistas pacíficos y defensores de derechos humanos.

Uno de los momentos más álgidos es lo que se conoce como la Primavera Negra de Cuba, que tuvo que ver con una serie de arrestos contra opositores al gobierno ocurridos durante la primavera de 2003.

Fueron arrestados múltiples disidentes entre los que se encontraban médicos y periodistas, quienes fueron sometidos a juicios sumarios.

Las condenas aplicadas a estos procesos judiciales estaban basadas en la Ley No.88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como “Ley Mordaza”; un engendro jurídico utilizado por el gobierno para disuadir y amedrentar a las personas que disientan de la ideología comunista.

Los imputados en estos procesos fueron acusados de realizar actos contra la protección de la independencia nacional y la economía de Cuba y actos contra la independencia o la integridad o estabilidad territorial del Estado.

Los gobiernos de la Unión Europea; el papa Juan Pablo II; organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Wastch, Reporteros sin Fronteras o Amnistía Internacional; e intelectuales y artistas condenaron estos arrestos.

Ante el creciente auge del movimiento opositor cubano, el gobierno optó por la represión y, al amparo de la guerra de Irak (pensando que serviría de cobertura mediática a sus desmanes), lanzó el mayor acto reciente de represión contra la oposición, conocido como las jornadas de la Primavera Negra de Cuba.

Estas acciones, por el contrario, hicieron que nacieran otros actores políticos como el movimiento opositor conocido como Damas de Blanco, las que se constituyeron como una respuesta al encarcelamiento de sus esposos y familiares.

También comenzaron a tener auge y a cobrar fuerzas ciertos grupos de oposición en la isla, como el proyecto de reforma política conocido como Proyecto Varela, del que su creador y líder del Movimiento Cristiano de Liberación falleció en oscuras circunstancias; la Sociedad de Periodistas Independientes Manuel Márquez Stering, de la que surgió la revista De Cuba; La Unión Patriótica de Cuba; El Foro Anti Totalitario Unido y otros individuales.

También fueron rechazados internacionalmente las ejecuciones sumarias de tres de los procesados por actos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas y explosivos, asociados al secuestro de un ferry en La Habana nueve días antes de la aplicación de la pena de muerte el 11 de abril de 2003.

La pena máxima definida por la ley en casos sin lesiones graves o la muerte de una víctima es de 20 años de privación de libertad.

Las conversaciones realizadas entre Cuba y la UE para modificar la posición común como de costumbre estuvieron marcadas por un secretismo y falta de transparencia. Esa es la percepción de la mayoría de la sociedad civil cubana que promueve la democracia en Cuba.

No obstante lo anterior, consideramos que existe el marco propicio para que Cuba y la UE establezcan relaciones, pero con un mínimo de apego a los principios del derecho internacional, que favorezca directamente a la sociedad civil cubana.

Los objetivos de la UE hacia Cuba durante la implementación del acuerdo deberían basarse en el respeto a los derechos de los ciudadanos cubanos igual que se ejerce hacia sus ciudadanos europeos; las relaciones con las agencias, instituciones, universidades y empresas no son reales porque en Cuba ninguna de esas instituciones es independiente, es el Estado el que ejerce un control total de sus actividades con agudeza en lo político y económico.

Los riesgos son ostensibles, cualquier cooperación pasaría por el gobierno que es una cúpula gobernante y no estaría enfocado en el pueblo cubano, engrosaría las arcas del Partido Comunista que es el que lo controla todo sin someterse a escrutinio ni rendir cuentas a los ciudadanos.

Sería discriminatorio que la UE se vincule con las instituciones ligadas al gobierno y leales al Partido Comunista llamadas organizaciones de la sociedad civil y no lo haga con el resto de la sociedad civil.

Entre las grandes prioridades de la UE figura la de crear un espacio de justicia, libertad y seguridad. El Tratado de Lisboa garantiza las libertades y los principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyas disposiciones pasan a ser jurídicamente vinculantes.

Las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros deberían entablar negociaciones directas con la sociedad civil cubana que promueve y defiende la democratización y el respeto por los derechos humanos, a través de sus representaciones comerciales, diplomáticas y de otras, aun cuando no estén establecidas físicamente en Cuba.

En el dialogo político y de cooperación deben tocarse aspectos como:

–La participación cívica de los ciudadanos y en la toma de decisiones, el pluripartidismo.

–La liberación total de las fuerzas productivas cubanas; hoy en día existe un limitado grupo de actividades en las cuales los cubanos pueden ejercer trabajo privado.

–Lo referido a la inversión nacional, los ciudadanos cubanos que viven en la isla no pueden invertir en su propio país; la Ley de inversión Extranjera es discriminatoria.

–El tema de la ratificación de los pactos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales: Cuba los firmó en 2008 pero aún no los ha ratificado.

Los gobiernos europeos que todavía no han ratificado el acuerdo no lo debían hacer hasta que el gobierno de Cuba no cumpla un mínimo de exigencias que estarían en correspondencia con los fundamentos y principios de funcionamiento de los países miembros de la UE; dígase poderes independientes, garantías constitucionales, defensorías del pueblo, libre ejercicio de la abogacía.

La Constitución de Cuba, reformada en 2019 en su artículo 5, dice que el Partido Comunista de Cuba único, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y el Estado.

La Constitución de la República de Cuba y demás leyes de inferior jerarquía establecen un marco normativo que en lo esencial mantienen condicionados los derechos de los ciudadanos, están dirigidas a mantener el control estatal sobre los ciudadanos. La Ley de Asociaciones, Ley Electoral, entre otras: En sus artículos se describen determinados derechos, pero luego se les colocan cortapisas que en la práctica son letra muerta de cuestionable aplicación.

Amado Calixto Gammalame

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